El cierre de 2025 deja una paradoja inquietante: mientras las denuncias por corrupción aumentan en un 70%, el sistema de justicia sigue proyectando señales de indulgencia e irresponsabilidad institucional. El problema ya no son las llamadas fallas procesales, sino la ausencia de consecuencias para quienes las permiten.
El caso de Mario Martinelli lo ilustra con claridad. Un acuerdo de pena fue celebrado, aceptado voluntariamente, confesado y validado judicialmente, para luego ser anulado a petición de la propia defensa. La contradicción es evidente: quien admitió hechos y se benefició de una condena reducida terminó cuestionando el mismo proceso que ayudó para evitar una pena mayor. Ese giro no solo erosiona la credibilidad del sistema, sino que obliga a una pregunta incómoda sobre el rol del juez que avaló inicialmente el acuerdo y luego quedó fuera de todo cuestionamiento institucional.
A ello se suma la sola consideración del Ejecutivo de evaluar beneficios penales para una condenada por corrupción y el silencio frente a jueces, fiscales y defensores cuyas decisiones no tienen costo alguno. Más denuncias sin responsables no fortalecen la justicia: consolidan la impunidad. Panamá no necesita discursos, necesita consecuencias.
