Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) diera con lugar un amparo provisional que frenó la entrada en vigor del presupuesto del 2026, por Q163 mil millones, —aprobado por el Congreso a finales de noviembre—, el Ejecutivo deberá ajustarse al gasto público aprobado para el 2025, cuyo monto ascendía a Q154 mil 836.6 millones, según lo establece la ley.
El director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, afirmó que debe tomarse en cuenta que el presupuesto del 2026 no ha sido declarado inconstitucional, sino que se otorgó un amparo que suspende temporalmente el decreto, antes de que entre en vigencia.
Como efecto inmediato, el presupuesto aprobado mediante el Decreto 27-2025 no podrá entrar en vigor el 1 de enero del 2026, por lo que el Gobierno y el Ministerio de Finanzas deberán aplicar el literal b del artículo 171 de la Constitución Política de la República, que establece que, si el Congreso no aprueba el presupuesto, continuará vigente el del año anterior.
Barrientos explicó que el Gobierno deberá iniciar el ejercicio fiscal del 2026 con el presupuesto aprobado en el Decreto 36-2024, incluyendo las modificaciones aprobadas durante el 2025.
El monto aprobado inicialmente fue de Q148 mil 526 millones, pero al 30 de diciembre del 2025 el presupuesto vigente ascendía a Q154 mil 836.6 millones.
Esto se debe a que el Congreso dejó autorizadas ampliaciones presupuestarias para el 2025, por lo que el monto aumentó. Sin embargo, la cifra que determine el Ministerio de Finanzas dependerá de cómo se interpreten esas preautorizaciones, indicó el directivo.
Barrientos señaló que debería entrar en vigor el presupuesto vigente, aunque reconoció que esto genera confusión, y que el Icefi no recomienda mantener la práctica de ampliaciones preautorizadas.
También deberá analizarse cómo se aplicarían los Q7 mil millones del artículo 129 del decreto del presupuesto del 2025, que modificó, dentro del mismo decreto, el monto original asignado a entidad cada en el artículo 6, lo que generó una antinomia.
“Hay mucha incertidumbre, y eso exponen a más impugnaciones al presupuesto”, agregó.
Sobre el procedimiento para cargar los montos del presupuesto al sistema, Barrientos explicó que este consiste en traducir los 140 artículos del decreto a una base de datos con dos millones de registros, lo cual toma aproximadamente un mes de trabajo.
Además, se indicó que deberá derogarse el Acuerdo Gubernativo 263-2025, publicado este martes en el diario oficial, que aprobó la distribución analítica del presupuesto del 2026. En su lugar, se deberá aprobar una nueva distribución con base en el presupuesto vigente, para que el Estado pueda operar.
Por su parte, el Gobierno informó en un comunicado que, ante la suspensión temporal, se aplicará el presupuesto anterior. Sin embargo, enfatizó que, en enero, se trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley que modifica el presupuesto para adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del 2026.
“El Gobierno actuará en el marco de la legalidad para cumplir sus compromisos con el pueblo de Guatemala”, detalla el comunicado, que incluye los siguientes puntos:
- La Constitución de la República establece mecanismos claros para garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y los servicios con los que se atiende a la ciudadanía. Cuando un presupuesto no entra en vigencia, se aplica el presupuesto anterior, lo que permite que las instituciones sigan operando.
- Como Gobierno, trabajaremos en las vías necesarias para que los recursos lleguen al pueblo de Guatemala. Por ello, se trabajará inicialmente en un reajuste presupuestario que garantice un presupuesto acorde con las necesidades de la población. En el mes de enero, se trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley que modifica el presupuesto para adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del 2026, así como a los resultados establecidos para el tercer año de gobierno.
- Nuestro objetivo es claro: continuar llevando salud, seguridad y educación, además de promover mayor crecimiento económico y más empleo, bases indispensables para el desarrollo y el bienestar de las y los guatemaltecos.
El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/F7ii46OAUP
— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) 31 de diciembre de 2025
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/BkMFcWmJc8
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) 30 de diciembre de 2025
