El 1 de enero de 1986, hace hoy 40 años, España, junto a Portugal, ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea (UE), después de haber firmado, el entonces presidente del gobierno, Felipe González, el 12 de junio del año anterior, el tratado de adhesión en el Palacio Real de Madrid. Aquel gran paso se dio solo diez años después de la muerte del dictador Francisco Franco y poco más de siete después de la ratificación de la Constitución Española en referéndum. España ponía fin a décadas de aislamiento y abría una nueva etapa de modernización y prosperidad.
Entrar en la CEE fue para España como un seguro para la democracia y un vector modernizador
No fue necesario un referéndum ni una reforma integral de la Constitución porque la propia Carta Magna ya preveía, asumiendo su supremacía, la cesión de competencias a organizaciones internacionales como la UE. Un brillo después del intento de golpe de Estado del 23-F, el ingreso a la UE fue para España como un seguro para la democracia y un claro vector modernizador. Había un consenso tácito sobre las bondades de pertenecer a Europa aunque un profundo desconocimiento de sus instituciones.
La crisis del euro y la deuda, con sus recortes, hizo caer la valoración de la UE entre la población
En términos generales se puede hablar de una historia de éxito. Los españoles han mostrado a lo largo de estos 40 años un apoyo constante al proyecto europeo con algunos altibajos, siempre en momentos de crisis económica doméstica y en particular con la crisis financiera y del euro en la segunda década de este siglo. De hecho, hasta entonces los españoles siempre habían tenido una imagen de la UE más positiva que la media de los ciudadanos europeos, según los datos de los sucesivos Eurobarómetros (ver gráfico). Esta valoración se debe en buena parte a una percepción de la UE positiva ligada a beneficios económicos (fondos estructurales, de cohesión, Política Agrícola Común), modernización y estabilidad, acompañada de un bajo nivel de euroescepticismo duro.
Tres de cada cuatro ciudadanos creen que España puede afrontar mejor el futuro en la UE que fuera de ella
Apenas dos años después del ingreso, el 60% de los españoles valoraban positivamente el paso y solo uno de cada diez lo consideraba malo, según los datos que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) daba en noviembre de 1988. Alrededor de dos de cada tres ciudadanos veían efectos buenos de la pertenencia a la CEE sobre el funcionamiento de la democracia, la modernización social y el papel del país en el mundo. Respecto al funcionamiento de la economía los datos no eran tan contundentes. Hasta uno de cada cinco veía efectos malos en el desarrollo económico, uno de cada cuatro consideraba perjudicial la pertinencia a la CEE para los salarios y la mitad de ellos la veía perjudicial para la inflación.
Entrar en la CEE fue para España como un seguro para la democracia y un vector modernizador
Tras la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993, por el que se creó la Unión Europea y entre otras cuestiones se definió el camino hacia la moneda única, y del espacio Schengen en 1995, que suprimía las fronteras interiores de la UE, y en plena resaca de la crisis postolímpica, los datos del CIS empeoraron ligeramente. El 40% albergaba sentimientos favorables hacía la Unión por el 12% desfavorables. Si bien alrededor del 70% veía efectos buenos de las pertenencias sobre el funcionamiento de la democracia, la modernización y el papel de España en el mundo, este porcentaje no alcanzaba el 49% respecto al funcionamiento de la economía.
Los españoles han mostrado una identidad europea débil y una implicación emocional limitada.
Y en 1999 España dijo adiós a la peseta y dio la bienvenida al euro en uno de los procesos de convergencia europea más evidentes y con algunos costes en la valoración de la UE. Así, en un estudio del CIS del 2006, el 61% de los encuestados reconocía que estar en la UE había beneficiado a España, y ocho de cada diez vieronn efectos positivos en la modernización y en la democratización del país. Sin embargo, el 82% de los ciudadanos consideró que había perjudicado la evolución de los precios y casi la mitad de los salarios.
Los españoles han mostrado una identidad europea débil y una implicación emocional limitada.
No obstante, esto no afectó al referéndum de ratificación de la Constitución Europea que en España se celebró en febrero del 2005 con un 77% de voto afirmativo y una abstención récord. La participación, que no llegó al 42%, puso de manifiesto dos constantes que han caracterizado estas cuatro décadas: una identidad europea débil pero compatible con la española y una implicación emocional muy limitada. Con todo, el rechazo de Francia y Países Bajos a la Constitución Europea llevó a la aprobación en el 2007 del Tratado de Lisboa que reformó la estructura de la Unión y entró en vigor en el 2009.
Con la crisis financiera que estalló a finales de 2008 y se prolongó durante más de un lustro, provocando una crisis de la deuda soberana y del euro –Zapatero y Rajoy pactaron una reforma constitucional para introducir una regla de gasto y prioridad en el pago de la deuda–, llegaron los peores momentos de la UE en España. La ciudadanía responsabilizó a la Unión de la austeridad y los consecuentes recortes de impuestos en España. En el 2014, el CIS situaba en un 43% el porcentaje de españoles que consideraban que el país se había beneficiado de formar parte de la UE (18 puntos menos que en el 2006) y en el 30% el de los que opinaban que había sido perjudicado.
Pero las crisis provocadas por la pandemia de la covid en el 2020, que llevó al Consejo Europeo a crear los fondos Next Generation, y la invasión rusa de Ucrania en el 2022 han devuelto a los españoles y al conjunto de los europeos a una percepción muy positiva de la Unión. Así por ejemplo, en junio del 2025, según el CIS, el 73% de los ciudadanos veía positivo para el país y personalmente la pertenencia a la UE. Y según el último Eurobarómetro, de diciembre, casi tres de cada cuatro españoles creen que España puede afrontar el futuro de mejor manera estando dentro de la UE que fuera de ella y el 77% cree que deben tomarse más decisiones a ese nivel. Datos, en todo caso, muy por encima de la media del conjunto de ciudadanos europeos.
En el 2005, cuando se votó el proyecto fallido de la Constitución Europea, uno de los territorios de España donde recabó menos apoyo fue en Catalunya –junto a Euskadi y Navarra–. Después de 20 años, a pesar de una crisis en la que las instituciones europeas no pasaron por su mejor momento en cuanto a imagen al imponer la austeridad a los gobiernos locales, siete de cada diez catalanes ve positivo formar parte de la Unión Europea (UE).
Antes de los últimos comicios europeos, en el 2024, hubo un sondeo conjunto del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) y del Parlamento Europeo específico sobre Europa y Catalunya. Un 72% de los encuestados consideró que ser miembro de la UE es positivo. Además, la mayoría, un 54%, apuntaba que la UE tiene mucho o bastante impacto en su vida cotidiana y un 55% se declaraba muy o bastante europeísta. Asimismo, un 79% de los catalanes abogaba por delegar en la UE la protección ante la amenaza de terceros países; un 72% quería dejar en manos de Europa la definición de las líneas políticas para luchar contra el cambio climático y un 67% apostaba por que la Inteligencia Artificial se regule a nivel comunitario.
En otras cuestiones como la política migratoria o la limitación de los precios de la energía, en cambio, el apoyo a que sea Bruselas quien lleve la batuta caía por debajo del 50%. De todos modos, no hay una serie histórica para medir la evolución, puesto que los eurobarómetros toman como referencia los estados miembros. Pero esas cifras concuerdan con otras que aparecen en otros estudios del CEO, en los que el orgullo de ser catalán siempre predomina sobre el sentimiento de ser español o europeo. Con todo, también es habitual que el orgullo de ser europeo supere al de ser español. No en vano durante el procés se intentaba asociar la independencia a seguir formando parte de la UE.
