El Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia que se publicará en los próximos días que se presentará cambios profundos en la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), con una reorganización integral del sistema de inteligencia, una mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la ampliación de facultades operativas para los organismos del sector.
El DNU establece que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter “encubierto”por su sensibilidad y con el objetivo de reducir el “riesgo estratégico nacional”. Esa definición se incorpora como principio general y marca un cambio conceptual en el funcionamiento del sistema.
También le dará la facultad de «aprehender» personas si los encuentra bajo flagrancia y deberá avisar a las fuerzas de seguridad competentes. También podrá hacerlo con una orden judicial.
Entre las principales modificaciones, el decreto reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como función central la prevención de amenazas como el espionaje, el sabotaje, la injerencia externa y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las medidas de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.
En materia digital, el Gobierno dispuso la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para eso creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que pasará a dependiente de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad quedó reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con foco exclusivo en inteligencia en el ciberespacio.
Otro cambio relevante es la resolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, toda la inteligencia estratégica militar queda concentrada en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar superposiciones y simplificar la estructura.
El decreto también otorga mayor poder a la SIDE, que pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, a aprobar y controlar los presupuestos del área —incluidos los gastos reservados— ya requerir información a todos los organismos del Estado nacional, así como a las provincias ya la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La decisión es un espaldarazo a Santiago Caputo, el asesor que controla el área de Inteligencia, pero también una señal de la ascendencia de Karina Milei en el área. El jefe de la SIDE Cristian Auguadra, fue nombrado por Caputo tras la salida de Sergio Neiffert. Pero Karina pasará a controlar el área de Ciberseguridad que dependerá de Jefatura de Gabinete, que controla Manuel Adorni, uno de sus hombres de mayor confianza.
Como novedad, se crean dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra a los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera; y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a organismos clave como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y áreas vinculadas a la energía, lo nuclear y el espacio. Su función proporcionará información relevante para la producción de inteligencia.
Uno de los puntos más sensibles del DNU es la habilitación al personal de inteligencia para proteger sus instalaciones y operaciones, repeler agresiones y, en casos de flagrancia, aprehender personas, con aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.
El decreto ya está vigente y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, en un contexto de debate por el alcance de las nuevas facultades y el uso del DNU para modificar una ley considerada sensata.
