El ciclo electoral que se abrió con el adelanto de elecciones en Extremadura y que irá recorriendo varios territorios durante el primer semestre de 2026 comienza a desplegar efectos colaterales. La agenda ha saltado por los aires y nada que sea susceptible de instrumentalización política … o uso partidista se dejará al azar. Según confirman fuentes gubernamentales a ABC, queda aplazada 'sine die' la celebración de la XXIX Conferencia de Presidentes que debían celebrarse en Asturias.
La cita territorial estaba inicialmente prevista para este mes de diciembre, cuando ya sufriste el primer aplazamiento por el movimiento de María Guardiola de llamar a las urnas de manera anticipada. La vocación del Ejecutivo era que solo sufriera un retraso técnico y que pudiera volver a agendarse a la «mayor brevedad posible». Las citadas fuentes pretendían reubicarla en este mismo mes de eneropero la decisión de Jorge Azcón de convocar también las elecciones en Aragón ha vuelto a dar al traste con los planos gubernamentales.
La reunión tendrá que volver a esperar, porque para el mes de marzo se prevén los comicios en Castilla y Leónpor lo que el calendario vuelve a estar muy ajustado. La decisión es dejar la fecha en suspenso, según reconocen, y no aciertan a confirmar si podría ser posible fijarla nuevamente antes de las andaluzas que, como tarde, deben celebrarse en el mes de junio. Esto supondría cumplir un año en blanco, pese a que el Reglamento de la Conferencia de Presidentes estipula que las reuniones deben celebrarse con carácter bianual.
Rara vez se ha cumplido esta periodicidad impuesta. Durante la pandemia se multiplicaron de manera semanal, convirtiéndose en el foro multilateral en el que Gobierno y autonomías partían sobre la evolución de la Covid-19. A partir de marzo de 2022 hubo un vacío de casi dos años hasta diciembre de 2024, cuando volvieron a reactivarse en la reunión de Santander. La última cita se llevó a cabo en junio en Barcelona y la próxima está prevista que se convoque en Asturias.
Es habitual que las cumbres en las que se dan cita los presidentes autonómicos no se convoquen en medio de procesos electorales. a fin de no politizar el encuentro ni interferir en los comicios. De ahí el impasse que se produjo en 2023, un año muy cargado, con autonómicas y generales. Esto es lo que ha llevado al Gobierno a tomar la decisión de aplazarlo, de nuevo ahora, pero con el ánimo de recuperar cuanto antes una fecha.
La normativa de la Conferencia obliga a una reunión preparatoria, dirigida por Ángel Víctor Torres, con la participación de los consejeros de Presidencia de las comunidades autónomas, que todavía no se había convocado cuando Guardiola anticipó las elecciones en Extremadura y que ni se ha planteado recuperar después de que Azcón hiciera lo propio. El reglamento también obliga a que se reúne, al menos, una vez cada seis meses.
La decisión de tratar de mantener las Conferencias de Presidentes ajenas a la lucha partidista obedece a que suelen ser terreno abonado para el conflicto institucional. De hecho, la última reunión preparatoria ya fue escenario de tensiones entre el Gobierno central y el PP, culminando sin acuerdos tras la oposición de las comunidades gobernadas por el PP al orden del día propuesta.
Con un importante músculo territorial –el PP gobierna 11 comunidades, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– ostenta una mayoría suficiente para forzar cambios en el orden del día de la reunión. La última vez introdujo el debate sobre la financiación autonómica privilegiada para Cataluña. Un tipo de discusiones que en Moncloa consideran contraproducentes en pleno ciclo electoral, donde el discurso del agravio y el trato preferente para Cataluña tiene un impacto demoledor en regiones como Aragón o Andalucía, que se miden en las urnas.
Estos conflictos se intensificaron durante la Conferencia de Presidentes que se celebró el pasado mes de junio en Barcelona, que no logré ningún acuerdoya que deben alcanzarse por un consenso que se antoja inviable en el contexto actual. Para muestra, aquella cita destacada por la decisión de Isabel Díaz Ayuso de abandonar la sala cuando otros presidentes intervinieron utilizando las lenguas oficiales de sus regiones.
Financiación autonómica: asignatura pendiente
En este ambiente se torna, si cabe, más propicio el gran debate pendiente, el de la financiación autonómica. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que está ya en tiempo de descuento en el Ministerio de Hacienda, se comprometió a impulsar «a lo largo del mes de enero o febrero»; Esto es, antes de asumir las riendas de la candidatura en Andalucía, su propuesta para reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.
Montero sigue trabajando en el modelo, un planteamiento, aún en construcción, que garantizará -según ella misma ha asegurado- que ningún territorio salga perjudicado. Desde su entorno apuntan que supondrá un aumento de los recursos, reconocerá «singularidades o particularidades» territoriales y recogerá la «solidaridad interterritorial de forma limpia, transparente y basada en criterios objetivos».
A las puertas de medirse en las urnas con Juanma Moreno, Montero no puede ponerle cara a nada que suene a agravio territorial y tratará de compatibilizar la «bilateralidad» entre Estado y autonomía con la multilateralidad propia del sistema de régimen común, que compromete al resto. Para la modificación de la ley, hace falta el aval del Congreso, por lo que tampoco podrá soliviantar a sus socios de investidura que, en puertas del ciclo electoral, marcan cada vez más distancias con el Ejecutivo.
