El tribunal más alto de Nueva York rechazó la apelación de Donald Trump para que se levantara su orden de silencio antes de ser sentenciado por 34 condenas por delitos graves.
El tribunal más alto de Nueva York desestimó el martes la apelación de Donald Trump a la orden de silencio impuesta en su juicio penal en Manhattan, suponiendo un revés para los esfuerzos del expresidente por eliminar las restricciones tras su condena.
En una lista de decisiones, el Tribunal de Apelaciones escribió que la apelación de Trump fue desestimada porque «no hay ninguna cuestión constitucional sustancial directamente involucrada».
Si tan solo la Corte Suprema hubiera actuado con la misma rapidez ante el falso reclamo de inmunidad de Trump. La nación todavía está esperando la probable decisión de que los ex presidentes no tengan inmunidad ilimitada para evadir el procesamiento penal por el resto de sus vidas.
La desestimación de la apelación de Trump a la orden de silencio es importante porque desechar el caso pretendía ser una parte clave de su campaña presidencial. El fallo significa que Donald Trump tendrá que comparecer en un debate presidencial dentro de nueve días mientras aún se encuentre bajo las restricciones de una orden de silencio. Trump no podrá utilizar el escenario del debate para atacar a los testigos, jurados o miembros del tribunal.
Una nueva encuesta ha revelado que la condena por un delito grave es una responsabilidad política importante para Trump entre los votantes independientes. Es casi seguro que el expresidente seguirá mintiendo sobre el caso y su condena en el debate, pero no podrá calumniar ni difamar a la gente por hacer su trabajo y sus deberes cívicos en el debate presidencial.
No hay ninguna cuestión constitucional. El discurso de Trump no estuvo limitado por la orden de silencio. Ser candidato presidencial no le otorga a una persona derechos ilimitados de expresión mientras sea acusado penal.
El plan de Trump de utilizar la política para escapar de sus problemas legales no está funcionando, al menos en Nueva York. Las necesidades políticas de Trump no tienen prioridad sobre la ley.
