Un presupuesto difícil de armar.

La inflexibilidad del gasto ha sido advertida por varias fuentes, desde el Fondo Monetario Internacional, pasando por el Banco de la República y en voz de varios congresistas.

Foto: Mauricio Alvarado

Mientras el Congreso corre para terminar los debates en torno al Presupuesto General de la Nación, hay tres historias a las que no se les puede perder la pista. La primera es la inflexibilidad de los recortes que se pueden hacer ante un Estado que tiene comprometidos muchos recursos todos los años, lo que le deja muy poco margen de maniobra al gobierno de turno. La segunda es la absoluta irresponsabilidad de los congresistas que, en año preelectoral, buscaron saturar el proyecto con solicitudes de nuevos gastos, como si no fuese de amplio conocimiento que estamos en déficit y tiempos de necesaria austeridad. La tercera es que el Gobierno de Gustavo Petro hizo importantes concesiones, pero sigue dependiendo de una ley de financiamiento con incierto futuro.

La inflexibilidad del gasto ha sido advertida por varias fuentes. Desde el Fondo Monetario Internacional, en su último informe sobre nuestro país, pasando por el Banco de la República y en voz de varios congresistas durante estos debates. Los cálculos son bastante preocupantes: el 89,1 % de los recursos está comprometido por rígidas legales; es decir, que no dan oportunidad de reajustes ni recortes, a pesar de los momentos de déficit fiscal. Por ejemplo, el Sistema General de Participaciones se lleva el 16,2 % del total, las pensiones un 15,5 % y en pagar la deuda se nos va el 18,4 %. La situación es muy complicada porque, al tener que hacer modificaciones importantes, no hay espacio para hacerlo. Esto pone de presente la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales, pero será discusión en el próximo Congreso. La otra historia es la avalancha de solicitudes de proyectos de gasto. Cada congresista está velando por sus regiones cuando el Gobierno nacional está desfinanciado. Después de mucho debate, se habló de COP 269,1 billones en transferencias regionales, pero no está claro quiénes saldrán beneficiados. Este punto debe ser importante para evaluar otro asunto pendiente de este Congreso: la regulación del Sistema General de Participaciones. Si el objetivo es de verdad descentralizar la distribución de los recursos, ¿cómo haremos para que esto no se convierta en una constante pelea entre regiones guiadas por intereses electorales? Cuando no hay reglas claras, priman consideraciones que no son idóneas.

En el tema de los gastos adicionales, es incomprensible que la Procuraduría sume COP 587.000 millones adicionales de presupuesto. Una entidad que de por sí creció burocráticamente en el Gobierno pasado, ahora aterriza otra gran inversión en tiempos de vacaciones flacas. El trámite casi por consenso de la universidad de la entidad y el hecho de que sea una de las privilegiadas, mientras la Defensoría del Pueblo denuncia el desfinanciamiento, despierta muchas preguntas sobre favoritismos. ¿En serio esa es la mejor manera de asignar los recursos escasos en tiempos de vacaciones flacas? Lo dudamos. Y aún así, poco se discutió.

Finalmente, el Gobierno de Gustavo Petro ha tenido que ceder y abrirse a negociaciones, lo que es un cambio bienvenido en su táctica en años pasados. Sin embargo, sigue confiando en una ley de financiamiento que deberá recaudar COP 16 billones. No parece haber buen ambiente en el Congreso para que eso suceda y la administración no ha demostrado voluntad de apretarse el cinturón, menos cuando tiene en la mira las elecciones del año entrante. Ese tipo de irresponsabilidad cierra los debates importantes en torno a las finanzas públicas. No deberíamos estar discutiendo proyectos tan importantes en medio de tanto caos.

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