Aún no ha sido agendado en el orden del día de la Comisión Primera de la Cámara, y ya la ley de sometimiento parece que no tendrá vida. Esta tarde radicaron la ponencia de archivo de la iniciativa presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y liderada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
En un documento de 72 páginas, firmado por 4 congresistas – Julio César Triana (Cambio Radical), José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), Juan Daniel Peñuela (Conservador) y Marelen Castillo- plantean algunas de las razones por las que piden hundir la iniciativa que apenas va a iniciar su primer debate.
“No permitiremos que el gobierno siga promoviendo la impunidad de las bandas criminales”, dijo el representante Triana.
Esta es la ponencia de archivo de la ley de sometimiento. Foto:archivo particular
¿Por qué buscan hundir la ley de sometimiento?
Los congresistas, en el documento de la ponencia, presentaron algunos de los argumentos por los que consideran que esta iniciativa se debe hundir en la Comisión Primera de la Cámara.
El primero es que este proyecto nace de la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022), que para algunos ha fracasado. Específicamente, para los congresistas que radicaron la ponencia de archivo, esta política “terminó evidenciando serias ambigüedades conceptuales, deficiencias institucionales y ausencia de resultados concretos, que hoy constituyen los principales antecedentes del fracaso del proyecto de ley que se analiza”.
En este punto argumentaron que la Paz Total tiene algunos errores estructurales evidenciados en las negociaciones que ha adelantado el gobierno con algunos grupos ilegales, las cuales no han dado resultados tangibles en materia de seguridad y desmantelamiento de las estructuras criminales. Y es que la ley de sometimiento es clave para que, por ejemplo, avance la recién instalada mesa con el 'Clan del Golfo', que comenzó hace unas semanas en Catar.
Catar anuncia que albergó la primera ronda de mediación entre el Gobierno y el 'clan del Golfo' Foto:suministrada
«Este proyecto nace de una política mal concebida, que se presentó como un camino hacia la paz, pero que termina fortaleciendo a las estructuras criminales y generando más violencia e inseguridad. La llamada Paz Total ha sido un fracaso jurídico, político y operativo», señaló el representante José Jaime Uscátegui.
En la ponencia de archivo advierten que el proyecto confunde los conceptos de sometimiento y negociación política, abriendo la puerta para que grupos narcotraficantes o reincidentes, como la “Segunda Marquetalia”, accedan a beneficios reservados para actores con estatus político.
En el mismo sentido, los ponentes plantean que este proyecto es inconstitucional, porque debe tramitarse como ley estatutaria, pues regula justicia transicional y otorga beneficios a reincidentes del Acuerdo de Paz.
Este argumento está soportado por lo ya dicho por la Corte Suprema. El alto tribunal ha señalado que hay al menos cinco apartados del proyecto que, por su contenido, deben ser tratados bajo una ley estatutaria y no bajo una ordinaria, como se está haciendo.
El «fracaso» de la Paz Total está dentro de los argumentos de la ponencia de archivo. Foto:archivo particular
A las razones se suma la “ausencia de garantías para las víctimas”, ya que señalan que a lo largo del proyecto no se evidencian los mecanismos mediante los cuales se hará efectiva la reparación.
“Se considera que el proyecto de ley no establece mecanismos de verificación de las contribuciones restaurativas o de reparación previas a la sentencia, o que se desarrollarán en el marco del cumplimiento de lo acordado en el incidente de reparación colectiva en el caso de las GAOML y GAO, o en los planos de reparación colectiva de los EAOCAI. El proyecto de ley vulnera los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición”, se lee en la ponencia de archivo.
Para los ponentes también genera duda que el gobierno, dentro de la iniciativa, no justifica la tasación de las penas y señalan que esto podría llevar a la impunidad.
El artículo 22 del proyecto de ley establece el “tratamiento penal especial diferenciado para integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) y grupos armados organizados (GAO)”, el cual señala que se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad por un período máximo de ocho años y no superior a ocho años. Así mismo, para las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), en el artículo 37 se establece el tratamiento punitivo, señalando que el monto de la pena se rebajará entre un 40 % y 60 %.
“El Gobierno Nacional ha decidido darle un trato penal diferenciado a los GAO, GAOML y los EAOCAI; sin embargo, no justifica: 1. Por qué se están estableciendo penas de 5 a 8 años para reincidentes; 2. La justificación para rebajar penas del 40 % y 60 % a los integrantes de los EAOCAI y establecer una pena de 5 a 8 años para los GAO y los GAOML”, señalan.
Otra de las alertas que plantean es la expansión de los grupos armados y el aumento de la inseguridad en algunas zonas del país.
ELN Foto:EFE/D1
«Hoy tenemos más de 14.000 hombres en armas, cerca de 250 municipios bajo algún tipo de control ilegal, y un incremento del 27% en secuestros durante los últimos dos años. Es evidente que esta política no pacificó el país, lo fragmentó aún más», aseguró el representante del Centro Democrático.
Y agregó: «El Congreso no puede seguir siendo cómplice de una política que solo genera impunidad. Aquí no hay sometimiento, hay negociación con el crimen organizado».
En el mismo sentido, para el representante Triana, el proyecto «elimina sanciones reales. Los miembros de la 'primera línea' no pagarían un solo día de cárcel».
Este proyecto no ha sido todavía agendado para iniciar su primer debate en la corporación y ya tiene un mal ambiente y cuestionamientos de la Defensoría, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE
Redacción Política
