Transparencia por Colombia se sumó a las alertas por los hallazgos de la Contraloría sobre un incremento inusual en la contratación pública antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. La organización advirtió que preocupa, en particular, el volumen de contratos suscritos por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
De acuerdo con el órgano de control hubo una concentración inusual en la suscripción de convenios interadministrativos. En tan solo un día, el 7 de noviembre, se firmaron contratos por 6,1 billones de pesos, lo que equivale al 68 por ciento del total de lo suscrito en la primera semana del mes. Según el organismo de control, del 1 al 7 de noviembre se firmaron compromisos por un total de $9 billones.
Empresa electrónica Foto:iStock
El reporte del Diario de la Contraloría, indicó, además, que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) fue la entidad que tuvo la mayor concentración de contratos en los últimos días, con 770.000 millones de pesos, un 8,5 por ciento del total.
Esa anomalía que se detectó está marcada en el seguimiento que la administración del contralor Carlos Hernán Rodríguez ordenó a los gastos estatales de cara al período electoral del próximo año, en el que se elegirá Congreso y Presidencia de la República.
bogotá septiembre de 2022. Contraloría General de la República Foto:Milton Díaz / El Tiempo
«Preocupa la magnitud de contratación del DPS, una entidad estratégica para la Presidencia, lo que requiere un análisis urgente y profundo. Además, persiste el abuso de convenios interadministrativos, una figura con riesgos altos de corrupción que debe revisarse detalladamente», señaló Transparencio por Colombia.
Según la organización, desde hace años es evidente la necesidad de una revisión de fondo sobre sus efectos en la gestión pública. Se enfatiza que en cada ciclo electoral se repite el mismo “estallido” de contratación previo a su solicitud, lo que muestra un problema que aún no se resuelve.
Elecciones atípicas. Foto:Registraduría
«Coincidimos con la @CGR_Colombia en que este comportamiento refleja fallas de planificación en las entidades públicas. Esta improvisación no solo afecta la eficiencia, sino que también puede abrir la puerta a riesgos de corrupción», agregó la organización.
¿Qué es la Ley de Garantías Electorales?
Cada vez que se acerca a un ciclo electoral en Colombia, ya sea para elegir Presidente, congresistas, gobernadores o alcaldes, entra en vigor una de las herramientas más importantes para la transparencia democrática: la Ley 996 de 2005, mejor conocida como Ley de Garantías Electorales.
Lejos de ser un tecnicismo legal, esta normativa tiene un impacto directo en la administración pública y busca asegurar un «juego limpio» en la tienda política. El objetivo es garantizar la igualdad y la equidad entre todos los candidatos que participan en una contienda electoral. Para lograrlo, establece una serie de restricciones y prohibiciones a los servidores públicos con el fin de evitar que los recursos y el poder del Estado sean utilizados para favorecer a un candidato o movimiento político en particular.
REDACCIÓN POLÍTICA
