La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio los Registros de Proveedores del Estado (RPE) de 20 empresas y consorcios presuntamente vinculadas a una estructura dedicada a manipular procesos de compras gubernamentales mediante prácticas fraudulentas.
La medida, contenida en la resolución DGCP44-2025-004600afecta a las razones sociales: Comerdon, SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca, SRL; Tingley Negocios, SRL; Grupo Inversiones Mediterráneo, SRL; Kury limitada; Importadora Coav, SRL; Empresas Integradas, SAS; Flexiplas, SRL; Inversiones Nogal Verde, SRL; Agro Avícola Benevento, SRL; Grupo Empresarial Barnichta, SRL; Inversiones Yang, SRL; Temaverse, SRL; y Romement, SRL.
También fueron suspendidos los consorcios Empresas Integradas & Concreto Pretensado; Empresas Integradas & Constructora Yeara; Empresas Integradas & Farmasino; Empresas Integradas & Tankasa y el Consorcio Importadora Integrada.
La DGCP advirtió que, conforme avancen las investigaciones, podrían sumarse nuevas personas físicas o jurídicas vinculados al caso.
Investigaciones en curso
La institución explicó en nota de prensa que la decisión se basa en una investigación administrativa realizada por la DGCPasí como en una indagación penal interpuesta a cabo por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
A las empresas se les atribuyen presuntos delitos como estafa contra el Estadosoborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores, entre otros que afectan directamente el patrimonio público y los procedimientos de contratación pública.
No es una sanción
En el comunicado la DGCP aclaró que la suspensión no constituye una sanciónnortesino una medida preventiva para proteger la competencia, la transparencia y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras avanza la investigación penal.
El órgano subrayó que mantener habilitadas a estas empresas representaría un «riesgo grave e inminente»ya que podrían reiterar las conductas, obstruir los procesos o afectar la igualdad entre oferentes».
Antecedentes del caso
La institución recordó que, a finales de octubre, remitió a la Procuraduría General de la República un informar técnico elaborado junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
El documento detallado que la estructura señalada habría manipulado procesos de contrataciones del Estado, incurriendo en «actos de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos»afectando la libre competencia y la participación equitativa de los oferentes.
La DGPC dijo que las investigaciones identificaron patrones repetidos entre las empresas, como participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos.
Además, los proveedores afectados denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, evidenciando —según Contrataciones Públicas— un esquema organizado de manipulación y control sobre los procesos de compras públicas.
