Una Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia oral dentro de la acción objetiva de anulación presentada contra la tasa 003 sobre el uso y ocupación del suelo urbano y rural del cantón Muisne, en el sur de la provincia de Esmeraldas.
La demanda fue interpuesta por Comité de Campesinos y Productoresquienes cuestionaron la legalidad del tributo.
La Corte afirmó que la normativa imponía cargas sin observar parámetros mínimos de razonabilidad y equidad.
Con esta sentencia se limita el ejercicio arbitrario de la potestad tributaria municipal y se establece un precedente de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos locales del país.
La ordenanza anulada fue emitido el 29 de abril de 2022 por el Municipio de Muisne y publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial n.° 58 del 9 de mayo del mismo año.
Dicha normativa buscaba regular el cobro de la tasa, lo que generó inconformidad entre los habitantes, quienes consideraron que los valores fijados eran excesivos.
Raúl Montesé, presidente del comité, Recordó que la medida motivó una asamblea general en el recinto Tres Vías y dos movilizaciones frente al Municipio de Muisne en semanas recientes.
La Corte concluyó que la ordenanza vulneraba principios esenciales del régimen tributario ecuatoriano, entre ellos legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.
La sentencia se conoció pocos días después de que el Concejo Municipal y jefes departamentales anunciaran que analizarían la normativa, luego de un acuerdo alcanzado con el comité campesino y de productores, informó la síndica municipal Johanna Benavídez.
Por su parte, el vicealcalde Álex Gaibor señaló que revisarían la petición de los campesinos y los informes técnicos correspondientes, con el fin de definir si la ordenanza debía ser reformada o derogada. Durante una reunión realizada el martes 25 de noviembre, los abogados de los agricultores entregaron formalmente la solicitud de derogatoria.
Para Álex Intriago, agricultor participante del proceso, el reclamo era legítimo, ya que los campesinos representan el 70 % de la actividad económica del cantón.
La concejala Toty Pacheco agregó que ya se había pedido la revisión de la ordenanza y que, una vez ajustados los valores, se socializarían los correctivos directamente en territorio.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento sobre la resolución de la Corte. (I)
