Educación e inteligencia artificial responsable.
La inteligencia artificial (IA) ya no es un tema de ciencia ficción. Hoy, está sentada en nuestras aulas virtuales, observando, aprendiendo y enseñando junto a nosotros. Su presencia en la educación superior, especialmente en la modalidad a distancia, marca un antes y un después en la forma de aprender y enseñar.
En Ecuador, universidades públicas y privadas han comenzado a experimentar con herramientas como ChatGPT, Gemini o Turnitin. Estos sistemas prometen personalizar la enseñanza, ahorrar tiempo a los docentes y ofrecer a los estudiantes una ayuda constante. Pero, ¿estamos realmente preparados para convivir con la IA?
El entusiasmo es comprensible: nunca antes se había tenido acceso a tutores virtuales disponibles las 24 horas. Sin embargo, los docentes utilizan más estas tecnologías que los propios estudiantes. Muchos jóvenes aún se sienten inseguros o desinformados sobre su uso, lo que refleja una brecha digital preocupante.
La IA no solo automatiza tareas; también transforma la relación entre profesor y alumno. El docente deja de ser el único transmisor del conocimiento para convertirse en una guía que enseña a pensar críticamente, algo que las máquinas aún no pueden replicar. La educación, más que información, necesita humanidad.
Sin embargo, no todo es optimismo. Persisten barreras como la falta de capacitación, la escasez de recursos tecnológicos y el miedo a ser reemplazados. Este último punto es clave: la IA no debe sustituir al maestro, sino amplificar su potencial pedagógico.
La verdadera revolución educativa no depende de tener más algoritmos, sino de tener mejores personas que sepan usar con criterio, ética y creatividad. Formar usuarios críticos de la tecnología es tan importante como enseñar matemáticas o historia.
En definitiva, la inteligencia artificial puede ser una gran aliada de la educación si aprendemos a integrarla con responsabilidad. El reto no es que la máquina piense por nosotros, sino que nos ayude a pensar mejor.
Roberto Camaná-Fiallos
Crisis Penitenciaria: El Fracaso del Estado y la Urgencia de Proteger la Vida
La escalada de violencia dentro de los centros penitenciarios del Ecuador ha puesto al país frente a una de sus crisis humanitarias más graves. La reciente masacre ocurrida en el Centro de Privación de Libertad de Machala, en la provincia de El Oro—donde tres personas privadas de libertad fueron brutalmente asesinadas—evidencia un sistema penitenciario colapsado y un Estado incapaz de garantizar derechos básicos.
El dolor ciudadano es profundo. Cada nuevo episodio de violencia sacude a la sociedad ecuatoriana, que observa con indignación cómo la inseguridad se apodera también de las cárceles, espacios donde, por mandato constitucional, el Estado debe ejercer el control absoluto. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) continúa mostrando limitaciones estructurales, operativas y estratégicas que impiden la prevención y contención de estos hechos.
La Constitución de la República establece principios ineludibles. El artículo 66 garantiza el derecho a la vida ya la integridad personal; el artículo 35 dispone atención prioritaria a grupos vulnerables; y el artículo 51 reconoce que las personas privadas de libertad deben vivir en condiciones de dignidad, recibir protección y estar a salvo de cualquier forma de violencia. Estos preceptos, lejos de ser una aspiración, constituyen obligaciones precisas para el Estado ecuatoriano.
En el ámbito internacional, el Ecuador mantiene compromisos ratificados que refuerzan estas obligaciones. El artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica establece que toda persona, sin excepción, tiene derecho a la integridad física, psíquica y moral, prohibiendo tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las Reglas Mandela de la ONU complementan este marco, subrayando estándares mínimos de seguridad, higiene y trato digno en los centros de detención.
Tanto la Corte Constitucional como la Corte Nacional de Justicia han emitido sentencias ejecutoriadas que advierten la gravedad de la crisis y ordenan medidas urgentes para enfrentarla. Sin embargo, la falta de ejecución efectiva mantiene al sistema penitenciario en una situación de vulnerabilidad extrema.
Las masacres carcelarias no son simples episodios aislados: reflejando un grave incumplimiento institucional. El Estado tiene una deuda histórica con la vida y la dignidad de quienes están bajo su custodia. En un país que aspira a la paz y al respeto de los derechos humanos, esta crisis no puede seguir normalizándose. El momento de actuar con responsabilidad y firmeza es ahora.
Elio Roberto Ortega Icaza.
