Los congresistas de Alianza Verde Angélica Lozano y Catherine Juvinao radicaron formalmente ante la Corte Constitucional una solicitud para suspender los efectos del decreto de emergencia económica y social emitido por el presidente Gustavo Petro.
La medida ejecutiva fue tomada por el mandatario tras el archivo de la reforma tributaria, con el fin de recaudar cerca de 155 billones de pesos para el presupuesto de 2026.
Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde. Foto:Senado
El argumento central de la senadora Lozano y la representante Juvinao es que el Ejecutivo está utilizando una figura excepcional para evadir el debate en el Congreso de la República. Según las legisladoras, la crisis fiscal que alega el Gobierno no constituye un hecho imprevisible o una calamidad pública, requisitos indispensables que exige la Constitución de 1991 para declarar una emergencia de este tipo.
«Estamos ante una ruptura del Estado de derecho, ante una violación de la separación de poderes. Este es un asunto de democracia, no solo de impuestos», afirmó la senadora Angélica Lozano en un pronunciamiento difundido a través de sus redes sociales. Para el congresista, la situación financiera del país no justifica el uso de facultades extraordinarias que permiten al presidente legislar mediante decretos.
Catherine Juvinao, representante a la Cámara de la Alianza Verde. Foto:Prensa Catherine Juvinao
Un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo
La controversia surge en un momento económico particular. Si bien el recaudo tributario ha mostrado debilidades, otros indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB) proyectan un crecimiento cercano al 2,7% para 2025. Esta aparente contradicción es utilizada por la oposición para señalar que el Gobierno busca un «atajo» legal ante la falta de consenso político.
La representante Cathy Juvinao enfatizó que su rechazo no es meramente técnico, sino una defensa de los principios democráticos. «Esto no es una pelea sobre la posibilidad de más o menos impuestos. Le propuse a este Gobierno eliminar la exención que tenían los juegos de azar, y adivinen qué, no me aceptaron esa propuesta», señaló la congresista, subrayando que el debate debía agotarse en las cámaras legislativas.
Acciones ante la Procuraduría y advertencias futuras
La estrategia de las parlamentarias no se limitó a la Corte Constitucional. También anunciaron el inicio de acciones ante el Ministerio Público: de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra todos los ministros del gabinete, denuncia por el presunto uso indebido de las atribuciones del poder ejecutivo, solicitud de revisión de la constancia dejada el 9 de diciembre sobre la ilegalidad del procedimiento y vigilancia sobre el cumplimiento de los límites de la ley de financiamiento.
Juvinao advirtió que, en caso de que los tribunales decidan frenar el decreto, es previsible que se inicie una campaña de ataques institucionales desde la Casa de Nariño. «Les estorba la separación de poderes, los controles. Por eso quieren una constituir para tener una Constitución de bolsillo», aseguró el representante.
Con esta demanda, el alto tribunal deberá decidir si la crisis fiscal invocada por el Gobierno nacional cumple con los estándares constitucionales o si, por el contrario, se trata de una extralimitación de funciones que pone en riesgo el equilibrio de poderes en el país.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
