estado canibalizado
Ecuador cierra el presente año bajo la sombra de una estadística devastadora: un incremento del 33% en las muertes violentas respecto al año anterior. Este dato no es solo una cifra de sangre; es la prueba irrefutable del fracaso del modelo de seguridad reactivo y la confirmación de que el “Plan Fénix” no fue más que un eslogan de campaña enfrentado a una guerra transnacional. Hoy, el país no necesita más estados de excepción; necesita una Política Criminal de Estado que trascienda gobiernos y devuelva la soberanía a las instituciones.
El balance de este año revela una desinstitucionalización profunda de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, instituciones que hoy sufren el “síndrome de burnout” tras ser lanzadas a las calles sin un marco legal que las respalde y sin una inteligencia estratégica que las guía. El Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), lejos de ser el cerebro del Estado, ha operado como un apéndice político, dejando a la fuerza pública ciega ante la sofisticación del crimen organizado.
Para recuperar el control, el país debe dar el salto hacia una Política Criminal de Estado anclada en tres pilares fundamentales:
1. Un Ente de Control Autonómico: La seguridad no puede seguir en manos de ministerios políticos. Es imperativo crear una autoridad técnica, con autonomía financiera y meritocrática, que gestione la inteligencia y la contrainteligencia. Este ente debe ser el responsable de la depuración constante de las filas judiciales y policiales, aplicando pruebas de confianza que rompen el “espíritu de cuerpo” que hoy protege a la narcopolítica.
2. Coordinación Legal y Financiera: Una política criminal es letra muerta si no está coordinada con el COIP y si no se empodera a la UAFE. El objetivo no es quemar droga, sino confiscar el capital. La actualización de la obsoleta Ley 108 y la creación de una Ley de Extinción de Dominio agresivo son los únicos caminos para asfixiar la logística criminal.
3. El desafío: Una Asamblea de altura. Nada de esto será posible con la actual mediocridad legislativa. El país requiere de una Asamblea Nacional que comprenda que su rol no es el espectáculo mediático, sino la arquitectura legal. Los cambios que Ecuador exige —como la eliminación del CPCCS y la reforma al Consejo de la Judicatura— requieren legisladores con capacidad intelectual, técnica y valentía política para enfrentar a los poderes fácticos que se benefician del caos.
La estabilidad democrática de Ecuador pende de un hilo. El fracaso de este año debe ser el catalizador para entender que la seguridad no se recupera con fusiles en las esquinas, sino con una política criminal de Estado coherente, técnica y, sobre todo, despolitizada. El tiempo de las “ocurrencias” terminó; el tiempo de la supervivencia nacional ha comenzado.
Carlos Eduardo Bustamante Salvado
