el abogado y diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA)cuestionó el anuncio del Ministerio de Gobierno sobre la publicación de una lista de casi 500 personas que podrían ser beneficiadas con una futura rebaja de pena otorgada por el Órgano Ejecutivo, una atribución constitucional que recae en el presidente de la república, José Raúl Mulino.
El señalamiento abrió un nuevo flanco de críticas en torno a la coherencia del discurso oficial contra la corrupción. Cedeño puso en duda la autoridad moral del Ejecutivo para exigir actuaciones firmes a los otros órganos del Estado mientras se evalúan este tipo de beneficios. “¿Con qué autoridad moral va a tener el Ejecutivo para pedirle o censurar al Órgano Legislativo o al Judicial por decisiones que toman en la lucha contra la corrupción?”, expresó el diputado en declaraciones públicas.
Como se recordará, el pasado 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, el Ministerio de Gobierno informó sobre la publicación de una lista de 484 personas privadas de libertad candidatas a recibir rebaja de pena en los próximos días, conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá.
La entidad, a cargo de la ministra Ninoska Montalvo, Se explicó que esta publicación responde a lo dispuesto en la Ley 31 de 28 de mayo de 1998, sobre protección a las víctimas del delito. No obstante, uno de los principales cuestionamientos es que Milena Edith Vallarino Morales, esposa del exministro Guillermo Ferrufino, figura en la lista de personas que podrían recibir una rebaja de pena.
Vallarino de Ferrufino, al igual que su esposo, cumple una condena de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado. Ambos fracasaron en justificar movimientos bancarios irregulares, la compra de múltiples bienes, el pago de deudas, la apertura de sociedades y la acumulación de fondos en diversas cuentas bancarias.
La critica
Ante este escenario, el diputado recordó que el propio presidente José Raúl Mulino hizo recientemente un llamado a los órganos Judicial y Legislativo para soportarcer su actuación frente al crimen organizado y la corrupción. Citó declaraciones en las que Mulino exhortó a “acompañar con decisiones firmes y leyes más estrictas los esfuerzos del Ejecutivo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción”.
Según Cedeño, la contradicción se agrava si dentro del listado figuran personas con sentencias firmes por delitos contra la administración pública. «Imagínese usted si entre esos casi 500 hay personas con sentencias ejecutadas por enriquecimiento injustificado u otros delitos contra el patrimonio del Estado. ¿Cómo entonces se le va a pedir al Judicial que sancione severamente o al Legislativo que apruebe leyes firmes?», cuestionó.
El diputado advirtió que este tipo de medidas envía un mensaje negativo a la institucionalidad y al cumplimiento de la ley. “Si hacen las leyes y luego el Ejecutivo se ríe de las sentencias, entonces se está riendo del Poder Judicial y del derecho positivo”, sostuvo, al criticar que se otorguen rebajas de pena bajo el argumento de buena conducta penitenciaria.
«Entonces el mensaje es: roba y después pórtate bien en la cárcel para que te beneficien con una rebaja de pena. ¿Eso qué es?», concluyó Cedeño, al insistir en que estas decisiones debilitan la credibilidad del Estado en su lucha contra la corrupción y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
Otro beneficiado
Otro de los posibles beneficiarios de esta medida es José Antonio Carrizo Mérida, quien purga una condena por el delito de estafa agravada en perjuicio de la Corporación La Prensa. El sancionado aparece como elegible en un listado para el otorgamiento de una rebaja de pena divulgada por el Ministerio de Gobierno.
Carrizo Mérida fungía como representante legal de la extinta agencia de publicidad In House Advertising Inc. y, junto con Aida Tejada Garagate, exoficial de cobros de Corprensa, causó un perjuicio económico a la corporación por un monto de 2.5 millones de dólares entre los años 2009 y 2016.
Tejada no fue procesada, dado que en 2019 suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público y obtuvo una condena de 60 meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por dos años.
Como parte de ese acuerdo, confesó a los fiscales que manipuló los estados de cuenta de Corprensa para beneficiar a In House Advertising, labor por la cual recibía pagos de Carrizo, quien sí cobró a los clientes por los servicios publicitarios que Corprensa prestó a su agencia.
En agosto de 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales y ratificada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que condenó a Carrizo a siete años de prisión.
El caso fue elevado a la CSJ luego de que la defensa de Carrizo presentó un recurso de casación. Finalmente, el 17 de agosto de 2023, las magistradas de la Sala Penal —Maribel Cornejo, Ariadne García y María Eugenia López Arias— fallaron en su contra y validaron las sentencias dictadas en las instancias inferiores.
