La construcción de una nueva sede para el Instituto Oncológico Nacional es una deuda histórica con el país. Nadie discute su urgencia ni la necesidad de ampliar una infraestructura que hoy resulta insuficiente frente a la carga del cáncer sobre la población. Lo cuestionable no es la obra, sino la forma. Ejecutarla mediante una adenda “jugosa” al contrato de Ciudad de la Salud vuelve a encender las alarmas sobre la opacidad en la contratación pública.
Las adendas, cuando sustituyen procesos competitivos, erosionan la transparencia y debilitan la confianza ciudadana. En este caso, no solo se elude una licitación abierta, sino que se consolida un patrón: la preferencia por Riga Services SA parece haber sido trasladada sin fricciones del gobierno pasado al actual. Eso amerita explicaciones claras, públicas y documentadas. La urgencia sanitaria no puede convertirse en coartada para repetir prácticas que el país dice querer superar. Panamá necesita hospitales, sí, pero también reglas claras, competencia real y rendición de cuentas. Sin transparencia, incluso las obras necesarias nacen bajo sospecha.
