La respuesta del PSOE ante los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por Francisco Salazar, ex alto cargo en la Moncloa y en Ferraz, no solo generó un creciente malestar interno en la formación, sino que ha puesto en pie de guerra a una … oposición que ve cómo PAGedro Sánchez, que llegó al poder con un discurso marcado por la regeneración democrática y el feminismoapenas ha asumido responsabilidades. El Grupo Parlamentario Popular ha ampliado su ofensiva en el Congreso tras comprobar cómo el Gobierno elude las explicaciones y mira hacia otro lado pese al clamor que resuena en filas socialistas.
Salazar, hombre que gozaba de la confianza del presidente del Gobierno, estaba llamado a afrontar nuevos cometidos en la Secretaría de Organización del PSOE hasta que en julio, justo antes del Comité Federal que iba a reestructurar la dirección socialista tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, ex número tres del partido, 'elDiario.es' se hizo eco de las denuncias que desoyó hasta ese momento Ferraz.
El hombre que cayó en desgracia ejercía hasta entonces de secretario general de Coordinación Institucional de Presidencia del Ejecutivo, puesto desde el que presuntamente acosó sexualmente a varias subordinadas, y de secretario de Acción Electoral y Análisis de la formación. Tras semanas de destino político, Trabajó con una consultora, Servicios e Ideas, Estrategias Sociales y Electorales, SL.con la que pretendía volver a introducir sus tentáculos en la Administración General del Estado.
En la Cámara Baja, el Grupo Parlamentario Popular considera del todo insuficientes las explicaciones recibidas sobre este extremo y las medidas tomadas por el Ejecutivo y el PSOE al respecto. Por eso, tras varias iniciativas sobre el conocido como caso Salazar, ha vuelto a la carga este mes de diciembre. El Partido Popular, en primer lugar, ha registrado la solicitud de comparecencia de la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González, en la Comisión de Igualdad del Congreso. Su objetivo es que detalle la aplicación del protocolo de actuación frente al acoso sexual en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos o, en otras palabras, conocer de primera mano si el Gabinete de Sánchez hizo lo que debería tras conocerse las denuncias contra Salazar.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ya anunció la intención de llamar a comparar al propio Salazar en la comisión de investigación por el caso Koldopero, en este caso, primero habrá que resolver si los letrasdos le dan luz verde o no aprecian ninguna conexión entre los escándalos que salpican al ex alto cargo de la Moncloa y los episodios de corrupción que se dilucidan en la Cámara Alta. En cualquier caso, tanto la actitud del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García —en prisión provisional por la trama de las mascarillas de la pandemia del Covid-19— como la de Salazar suponen un revés al discurso feminista del PSOE. Los dos primeros, por el consumo de prostitución —práctica que los socialistas quieren erradicar— y el tercero, por acosar a sus compañeras de partido.
Congreso
El Grupo Parlamentario Popular reclama explicaciones de la secretaría general de Presidencia en la Comisión de Igualdad
Además de la solicitud de comparecencia, a la que ha tenido acceso ABC, este periódico también tiene constancia de una nueva batería de preguntas registradas por los populares sobre este tema. Los diputados Pedro Muñoz Abrines, Jaime de Olano, Álvaro Pérez López y Macarena Montesinos señalan en su escrito que Salazar era «una persona muy cercana a Pedro Sánchez» y que su cese solo se produjo cuando las acusaciones de acoso sexual trascendieron en los medios de comunicación. Entonces se efectuó, señalan los conservadores, «su separación aparente del partido», pero, después, añaden, «a través de una consultora de su titularidad ha asesorado al presidente del Gobierno y ha podido ser contratado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidido por Salvador Illa».
la consultora
Aunque no es la primera vez que el PP dirige al Consejo de Ministros cuestiones sobre este asunto, porque como publicó ABC en noviembre, ya se interesó por la cena entre Salazar y la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegríameses después del cese del ex alto cargo de la Moncloa, los populares no cejan en su empeño. Preguntan al Ejecutivo cuándo conoció el presidente Sánchez las acusaciones contra su colaborador; quién más sabía de ellas en Presidencia del Gobierno; por qué, pese a la gravedad de los hechos denunciados, se promovió la contratación de la consultora Servicios e Ideas, Estrategias Sociales y Electorales, SL; si se sugirió o recomendó a Illa pagar los servicios de la empresa de Salazar; si fue recomendado a embajadas extranjeras y, en ese caso, quién dio la orden de hacerlo.
«Cese puramente cosmética»
«¿Es consciente el presidente de que la asunción de responsabilidades 'en primera persona' exige su dimisión?»
El PP también pregunta al presidente si considera compatible con la integridad de las mujeres y la lucha contra el acoso sexual que se contrata a la consultora de Salazar; qué tiene que «ocultar o temer» Sánchez para un «cese puramente cosmético» de su asesor; y por qué el Gobierno no lleva ante la Fiscalía lo sucedido a pesar de que los hechos denunciados supuestamente tuvieron lugar en el Palacio de la Moncloa. «¿Es consciente el presidente del Gobierno de que la asunción de responsabilidades 'en primera persona'para que no sea una mera declaración vacía, exige su dimisión?», rematan los populares, en alusión a las palabras del jefe del Ejecutivo en una conversación informal con periodistas, el Día de la Constitución en el Congreso, en la que trató de salir al paso de las críticas internas de inacción contra Salazar.
Hasta ahora, en las respuestas parlamentarias del Gobierno sobre este tema, la Moncloa se limita a decir que tuvo conocimiento de las denuncias «a través de los medios de comunicación» y no antes, ya recordar las distintas leyes y protocolos existentes contra el acoso sexual. Sobre la cena entre Alegría y Salazar en un céntrico restaurante de Madrid, el Ejecutivo respondió al PP: «El Gobierno no realiza valoraciones sobre actividades ajenas a su ámbito competencial y, por lo tanto, sobre cualquier actividad de la esfera privada de ninguno de sus miembros».
