El año nuevo se presenta cargado de novedades para el ámbito judicial. La noche del 31 de diciembre a las 00.00 horas entrará en vigor la ley de Eficiencia de la Justicia en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma, Sevilla o Valladolid. La forma de impartir justicia cambiará para siempre y de manera radical.
Los tribunales de instancia ya se han puesto en marcha en pequeñas localidades
Además, el Gobierno ha preparado un paquete de leyes que pretende profundizar en la modernización del sistema jurisdiccional español, incidiendo en asuntos como el acceso a la carrera judicial, la ampliación de las competencias de los fiscales, la asistencia jurídica gratuita o el papel de la acción popular en el proceso penal. También anda en discusión la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero es posible que estas iniciativas no lleguen a buen puerto debido a la falta de apoyo del Ejecutivo en el Congreso.
Los jueces consideran que la creación de los tribunales de instancia será “inservible” sin financiación
Ley de Eficiencia de la Justicia
La norma se aprobó a principios de año, con los votos a favor de los partidos del Gobierno y de sus aliados, y ha entrado en vigor de forma paulatina en ciudades pequeñas y medianas a lo largo del 2025. La nueva normativa conlleva un cambio absoluto en la organización de la justicia. Los juzgados unipersonales de toda la vida, que se instauraron por una ley de 1870, desaparecen para siempre y dan paso a los llamados tribunales de instancia.
Estos nuevos órganos jurisdiccionales serán algo así como una macro oficina que se dividirá en diferentes secciones –civil, penal, social, contencioso-administrativa, mercantil, violencia sobre la mujer o violencia contra la infancia y la adolescencia– y en la que trabajarán todos los jueces y sus equipos de manera conjunta.
Los juzgados desaparecerán para dar paso a los tribunales de instancia
El Gobierno impulsó la reforma al considerar que esta nueva organización abaratará los costos de la justicia, pues cuando un nuevo juez inicie su carrera, no será necesario ponerle una oficina con su respectivo secretario y sus funcionarios, bastará con que se integre al tribunal de instancia que le corresponde.
Bolaños dice que la reforma ha agilizado las ejecuciones de sentencia y reducido los pleitos civiles
Pero el sector no puede evitar afrontar estas novedades con cierto temor. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha mostrado sus cautelas y ha señalado que la reforma será “absolutamente inservible”, si no va acompañada de una buena inversión. Para la JJpD, los nuevos tribunales de instancia solo cumplirán sus objetivos “si se incrementa la plantilla de jueces”.
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Y la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) coinciden en que con este cambio “no desaparecerán la lentitud en el dictado de las resoluciones y la sobrecarga de trabajo de los actuales juzgados”. A su juicio, “si no se pone dinero sobre la mesa”, se corre el riesgo de haber cambiado la cartelería y haber alejado al juez del procedimiento, pero sin conseguir un sistema judicial eficiente”.
El anunciado cambio del CGPJ y la justicia gratuita
Otra de las leyes que se encuentra en proceso de tramitación se refiere a la justicia gratuita y plantea ampliar el espectro de personas que pueden recurrir a los servicios de un abogado de oficio. También prevé que las víctimas de violencia de género y sexual tengan acceso a la justicia gratuita aunque superen los umbrales de renta para ello. Tampoco esta reforma es pacífica. Algunos colectivos de abogados rechazan esta modificación legal al considerar que no beneficiará a las personas más vulnerables y que no garantiza las condiciones económicas de los letrados del turno de oficio. Y a la justicia aún le queda otra asignatura pendiente, la de la eternamente anunciada reforma del CGPJ cuya reciente renovación fue un constante quebradero de cabeza. Cuando en junio de 2024 se alcanzó un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, se decidió plantear la reforma de la institución. El bloque conservador envió un informe exigiendo que los jueces se elijan a sí mismos. El bloque progresista abogó porque sean las Cortes quienes proclaman a los candidatos como hasta ahora pero con matices. El asunto está ahora en manos de la Comisión de Venecia.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha tratado de disipar estas dudas y miedos de los magistrados a través de un balance positivo de la aplicación de la ley de Eficiencia en las plazas donde ya ha entrado en vigor. Según los datos del Ministerio, gracias a esta reforma se han agilizado las ejecuciones de sentencia entre un 30% y un 69%, se han reducido los actos de comunicación pendientes un 36% y han descendido los pleitos civiles un 31% debido a los nuevos mecanismos de solución de controversias. Además, el Ministerio explica que se ha realizado una inversión de 325 millones procedentes de fondos europeos para la puesta en marcha de la reforma para las autonomías que tienen la competencia de Justicia.
La nueva ley de Enjuiciamiento Penal prevé que la instrucción pase de los jueces a los fiscales
Ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal
Una propuesta controvertida en la magistratura que prevé la creación de becas para opositores, el impulso de la igualdad de oportunidades, la creación del cuarto turno para juristas de reconocido prestigio y para fiscales, ascensos automáticos, la reforma de la Comisión de Ética Judicial y la prohibición de financiación privada a asociaciones judiciales. Para la oposición y los críticos con la medida, entre los que se encuentra el propio CGPJ, la nueva norma favorecería la “colonización” de las instituciones judiciales por el Gobierno, debilitaría la independencia de los jueces y dinamitaría la meritocracia. La ley está en proceso de tramitación parlamentaria.
El Gobierno quiere restringir la acción popular y evitar que se incoen procesos por noticias periodísticas
Ley de Enjuiciamiento Penal
No menos polémica es la propuesta que pretende modificar el proceso penal. El proyecto del Gobierno plantea que la instrucción pase de estar en manos de los jueces a los fiscales. También prevé reforzar los derechos de los investigados e impulsar procesos exprés para delitos como el allanamiento de morada. Los críticos con este proyecto consideran que debilitará la división de poderes.
Ley de Garantía y Protección de los Derechos Particulares
llamada ley begoña, por los partidos de la derecha , en referencia a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el proyecto pretende restringir la acción popular en los procedimientos penales y evitar que se incoen causas a raíz de informaciones periodísticas. Los críticos ven en esta norma “un golpe al Estado de derecho” y un intento de “favorecer la impunidad”. Al igual que la reforma de la ley de Enjuiciamiento Penal, esta iniciativa está en proceso de tramitación en el Congreso.
