A un año de la aprobación de la ordenanza 6350/24, que habilitó el intento de instalar un complejo con sala de bingo en la Ruta 26 de Ingeniero Maschwitz, Escobar, un grupo de vecinos y ONG's de Escobar reactivaron la ofensiva institucional para evitar lo que se describe como un posible. “regreso por la ventana” y apuntaron contra el intendente de la localidad, Ariel Sujarchuk, y las autoridades de la provincia de Buenos Aires que podrían habilitar una rezonificación de un área para habilitar la sala de juegos
La nueva etapa del conflicto ya no apunta solo a la política local. El foco está puesto en el Plan Estratégico Territorial (PET) del distrito y en el circuito de control provincial, que depende del gobernador Axel Kicillof, que debe revisar su contenido y en todo caso habilitarlo.
El temor de los vecinos en Escobar es que vuelva la avanzada para habilitar el traslado a Ingeniero Maschwitz de un bingo que estaba ubicado en Ramallo y que pertenece a Daniel Angelici.
Hace un año, entre Navidad y año nuevo, el Concejo Deliberante de Escobar permitió de manera veloz una ordenanza que habilitaba el traslado. El caso se judicializó, y la magistrada en lo Contencioso Administrativo Mónica Ayerbe frenó el proyecto con una serie de medidas cautelares por las presuntas irregularidades. En ese marco, finalmente en noviembre pasado el mismo Concejo Deliberante decidió dar marcha atrás con la polémica ordenanza.
Pero los vecinos creen que el plan puede volver a activarse pero esta vez por la vía provincial. Por eso se presentaron solicitudes formales de acceso a la información pública para obtener la documentación completa vinculada al Plan Estratégico Territorial que podría modificar el área donde se busca instalar la sala de juegos. En las cartas que enviaron a la Provincia invocan expresamente la Ley Provincial 12.475 y la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense remarcando que, por tratarse de un plan con impacto territorial y ambiental, el acceso debe ser pleno, oportuno y accesible para cualquier ciudadano.
En el escrito se sostiene que, según información pública disponible, el Municipio de Escobar elaboró un Plan Estratégico Territorial y que, durante la 12ª Sesión Ordinaria del período legislativo 2025 del Honorable Concejo Deliberante, celebrada el 28 de noviembre de 2025, el cuerpo habría aprobado una resolución disponiendo la elevación del anteproyecto del PET al Departamento Ejecutivo para su posterior remisión a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, a fin de su análisis. técnico y eventual convalidación. En ese marco, el PET estaría tramitando actualmente ante Provincia en un expediente específico vinculado a la actualización del ordenamiento territorial del distrito.
Sospechan que sería una maniobra para habilitar la sala de juegos.
En el pedido que presentado ante la Provincia hacen una mención explícita de los funcionarios que hoy tienen a cargo el rol directo en el análisis del ordenamiento urbano y territorial. Se trata de Agustín Robla, subsecretario de Asuntos Territoriales del Ministerio de Gobierno bonaerense, área que articula el vínculo técnico con los municipios en materia de planificación y Carla Filippini, directora provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, organismo clave para evaluar categorías urbanas, usos del suelo y compatibilidades normativas.
En este marco, Javier Coky, el presidente de la Asociación Vecinal Ruta 26 que llevó adelante la protesta contra el bingo, denunció en una carta abierta la «opacidad» del proceso que pretendió instalar una sala de juegos en una zona residencial.
En la misiva sostenida que el proyecto del bingo no era solo un asunto comercial, sino una «maniobra política» para modificar el uso del suelo en una zona clave, lo que podría traer consecuencias negativas para la seguridad, la calidad de vida y la identidad del barrio.
En su mensaje, Coky les pide a las autoridades provinciales que analicen con «lupa» el caso y que, si corresponde, rechacen cualquier intento de habilitar proyectos que no cuenten con un proceso de consulta adecuado. «La Provincia no puede ser un buzón de solicitudes, debe garantizar que el proceso sea transparente y accesible para todos los vecinos», concluye en su misiva.
Finalmente, Coky hace un llamado claro y directo a las autoridades provinciales y municipales: «Si el proceso del PET se lleva adelante, debe hacerse de manera abierta, con toda la documentación disponible».
