Desde finales de noviembre y hasta el 10 de diciembre, el gobierno de Gustavo Petro trató de sacar adelante en las Comisiones Económicas la reforma tributaria, con la que buscaban cubrir el déficit de 16 billones de pesos que tiene el presupuesto del 2026. Ante el mal ambiente de la propuesta, en los pasillos del Congreso comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de que el gobierno Petro declarara una emergencia económica y social si no salía adelante la propuesta.
Inicialmente, se tomó esta posibilidad como un mecanismo de presión desde el Ejecutivo. Varios recordaron que el Ejecutivo utilizó una estrategia similar con la reforma laboral. Ante su hundimiento en la Comisión Séptima, anunció que procedería con una consulta popular para llevar su discusión a las urnas. Para evitar el inicio de campaña anticipado que significaba esa movida, la plenaria del Senado revivió el proyecto y terminó dando trámite positivo a la propuesta.
En esta ocasión, varios leyeron el rumor de una emergencia económica y social como un intento de presión. Aunque en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro hizo énfasis en que podría recurrir a este tipo de mecanismo o se tendría que sacrificar la financiación de proyectos de infraestructura, como el metro de Bogotá o las vías 4G.
Las versiones sobre la posible emergencia cobraron más fuerza en la jornada en la que se archivó el proyecto. Varios congresistas advirtieron que sería inconstitucional y señalaron que no tenían argumentos para declararla.
En cambio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, comenzó a pavimentar el camino para la declaratoria. «Esa crisis fiscal es el hecho sobreviviente que estamos viviendo. El mismo Congreso, al negar la ley de financiamiento, está creando un hecho sobreviviente frente a un presupuesto que ellos mismos aprobaron», dijo el funcionario en una entrevista con W Radio.
De esta forma, en las dos últimas semanas, el gobierno de Gustavo Petro dio inicio formal a la estructuración de la emergencia.
De acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño, el artífice de la propuesta fue el propio presidente Gustavo Petro. Habría sido el primer mandatario el que puso sobre la mesa la posibilidad de declarar la emergencia económica y social en caso de hundimiento de la reforma tributaria.
No obstante, se dio un compás de espera. No tomarían la decisión de inmediata, apenas se hundió la reforma tributaria, sino que esperarían a la determinación del Banco de la República sobre las tasas de interés para diciembre. Bajo el argumento de que se aumentaba el nivel de prima de riesgo de la deuda del Ejecutivo al no bajar la tasa, le dieron vía libre a la declaratoria del estado de excepción.
Si bien es cierto que el primer mandatario fue el que propuso la declaratoria, fue estructurada desde el Ministerio de Hacienda. Esta entidad fue la que aportó los 8 puntos en los que se sustentó la emergencia, que incluye la orden de aumentar la UPC, el hundimiento de la reforma tributaria, la ola invernal, entre otros aspectos.
Por otro lado, la propuesta no generó debates al interior del Ejecutivo. De acuerdo con consultados, la mayoría le dio el visto bueno a la propuesta. No hubo controversias y eso se evidencia en que todos los funcionarios al frente de las respectivas carteras firmaron. No pasó como en anteriores declaratorias, en las que algunos ministros pusieron a encargados a reemplazarlos.
De acuerdo con el ministro del Interior Armando Benedetti, el texto se redactó desde el mismo jueves en que se conoció que las tasas de interés se mantendrían inalteradas. Mientras tanto, el viernes se conoció un primer borrador de medidas, que incluían puntos polémicos como el cobro de 5×1000. El Ejecutivo descartó esta posibilidad.
No obstante, sin un decreto conocido por el público, durante el fin de semana aumentaron las especulaciones frente a la emergencia económica. En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa en varias ocasiones en sus redes sociales.
Las dudas se disiparon en un pequeño porcentaje este lunes, cuando se conoció el decreto de declaratoria de emergencia. No obstante, siguen las controversias sobre la constitucionalidad o no de la declaratoria. Además, a esto se suman las dudas sobre el alcance de la figura, pues aún no se sabe con certeza los impuestos que impondrá el gobierno, y que tendrán plena validez mientras la Corte Constitucional decida sobre la validez del decreto.
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política
