El proceso penal “Las Malvinas”
Cuando supe de este cuádruple crimen de los niños de las Malvinas me retrotraje a los crímenes de los 2 niños Restrepo en 1987, hace 38 años, cuando elementos policiales desaparecieron a los niños sin dejar rastro y no han sido devueltos sus cuerpos hasta el día de hoy, por lo tanto, no ha sido resuelto. Su madre falleció en un accidente luego de luchar muchos años para que le devuelvan sus niños, su padre enfermo envejeció buscándolos y María Fernanda, su hermana, sigue reclamando por sus hermanos. Hubo una teniente Morán, que era la encargada de distraer a la familia con promesas falsas de que los niños van a regresar, un agente Llerena; no olvido a los “fluviomarinos” que devoraron a los niños en el Machángara sin dejar rastro. Busos especializados buscaron sus cuerpos en la laguna de Yambo. Febres Cordero, presidente en esos días, se incomodó con los padres por reclamar, quería que se callaran, incluso por haber recibido una indemnización, pero este señor nunca comprendió que eso no devolvería a los niños vivos al hogar. 13 presidentes han gobernado desde que se asesinó a los niños Restrepo y ninguno ha conseguido que se resuelva el caso.
Y hace un año tuvimos que encontrarnos con otra realidad amarga, que nos sobrecogió el alma, sobre “Los niños de Las Malvinas”. En lo principal, el 8 de diciembre de 2024 cuatro niños jugaban fútbol, cuando un grupo de militares de la Fuerza Aérea patrullaban el sector en vehículos, se los llevaron detenidos hacia Taura. Nos preguntamos ¿Por qué no los entregaron a sus padres, a la Policía oa la DINAPEN?
El proceso se inició por sospecha de desaparición forzada, seguido contra 17 militares, ahí también hubo una detención arbitraria contra los menores; y, según la versión del militar Alex Xavier QA que se acogió a la cooperación eficaz, admitió encubrimiento y pidió perdón a los padres de los menores, en su testimonio reconoció el ocultamiento de información, temiendo represalias, también reveló que bajo instrucciones del subteniente a cargo de los uniformados, acordaron presentar una versión igual, aplicando el absurdo “espíritu de cuerpo”, cuya finalidad era encubrir el hecho. En los testimonios de la defensa, los 5 militares presentaron versiones contradictorias.
La Fiscalía en su teoría afirma que los menores habían sido trasladados a zonas rurales de Taura y abandonados, heridos y sin ropa en un camino de tercer orden. Luego, el 24 de diciembre de 2024, en un paraje de difícil acceso en Naranjal, encuentran a los 4 niños calcinados. Con este último hecho se inició otra investigación por el delito de secuestro con muerte. Los defensores de CDH y los familiares refieren que “este juicio camina lentamente”. Hay que añadir detención ilegal, los niños incomunicados y ejecución extrajudicial.
El 1 de diciembre de 2025, a las 12h30 se instaló la diligencia de llamamiento a juicio en la Unidad Judicial Albán Borja en Guayaquil, en la que se presentó pruebas, sustentando la teoría sobre los hechos ocurridos y de los cargos contra 16 militares acompañados de veinte y seis pruebas testimoniales y periciales, ciento ochenta pruebas documentales más el testimonio de los padres de las víctimas y de los agentes policiales que participaron en la investigación. Al mismo tiempo, la Fiscalía vincula a un oficial militar por omisión, suman 17.
El otro tema que debe tratarse es el social, hemos leído comentarios de toda la naturaleza, sobre la procedencia de los niños víctimas de este crimen, como que el hecho de vivir en barrios olvidados por los gobernantes, les convierte en delincuentes, ¿por qué se piensa que todos son delincuentes por vivir en Las Malvinas? Más bien hay que respetar y admirar a quién vive entre personas de conducta inapropiada, sin que repitan los mismos patrones.
Los ecuatorianos estamos vigilantes porque las sentencias sean estrictamente ajustadas, la verdad procesal, a las circunstancias ya los hechos.
Mercedes Regalado
Ecuador en alerta: el silencio del Estado ante el colapso de la salud pública
El sistema de salud ecuatoriano vive una de sus horas más oscuras. Cada día se multiplican las denuncias por falta de medicamentos, hospitales desabastecidos, retrasos en pagos y servicios suspendidos. Sin embargo, las autoridades parecen ausentes o incapaces de ofrecer soluciones inmediatas frente a una emergencia que compromete directamente la vida de millas de los ciudadanos. Mientras el presidente Daniel Noboa, se encuentra fuera del país, la Asamblea Nacional anuncia su período de vacaciones legislativas, y la vicepresidenta María José Pinto, quien ha asumido temporalmente la cartera de Saludno logra establecer un plan técnico, sostenido y coherente. Por el contrario, prevalece la improvisación, la ausencia de políticas claras y la incapacidad de cumplir obligaciones básicas como el pago a los prestadores externos. Las unidades de diálisis, esenciales para pacientes con enfermedad renal crónica, enfrentan deudas acumuladas desde hace meses. Las empresas proveedoras, sin recibir los pagos correspondientes, advierten sobre la imposibilidad de continuar operando. Para los pacientes, el riesgo es inmediato: la suspensión de su tratamiento podría significar la muerte. Lo que se vive no es un problema administrativo; es una violación directa del derecho a la salud ya la vida. La Constitución ecuatoriana no deja lugar a interpretaciones. El artículo 32 reconoce la salud como un derecho garantizado por el Estado. El artículo 3, numeral 1, obliga a proteger la vida y asegurar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. En el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, exige a los Estados adoptar medidas para garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos establecen estándares que el Ecuador está obligado a cumplir. El contraste entre estas normas y la realidad del país es doloroso. La crisis actual revela la falta de planificación, control y responsabilidad política. Desde esta tribuna del pensamiento y la justicia, surge una exigencia inaplazable: el Estado debe actuar ya. La salud no admite espera ni negligencia. Proteger la vida de los ecuatorianos es un deber constitucional, ético y humano que debe cumplirse sin dilatación.
Elio Roberto Ortega Icaza
