La delincuencia superó leyes
Las Leyes han tipificado al delincuente, como a un individuo que roba o asalta con un arma blanca o arma de fuego, la definición de “terrorista” no existe en el COIP, no está definida se entiende por “terrorismo” la colocación de bombas, con una sanción de 16 años de prisión.
El narcotráfico ha logrado unificar el delito en toda la región, su arma más poderosa es el dinero, han generado una economía informal, con lavado de dinero en la economía, se manejan con organización empresarial y militar, vivimos una invasión armada al país, para tomar sectores de las ciudades para ejercer libremente su negocio.
La delincuencia nos ha decretado la pena de muerte para mantener su negocio criminal, no hay la proporcionalidad entre la Ley con el delito; la constitución y las leyes se quedaron cortas para detener esta grave amenaza, es una aberración de la constitución el impedirnos defender la vida y la propiedad; la ciudadanía no puede ni debe quedar desarmada.
Es la colombianización del País, es una “guerra civil” que la estamos perdiendo, el crimen organizado se está tomando sectores de las ciudades y del país. El presidente desde el inicio de su gobierno, debía pedir y asumir facultades extraordinarias, para detener esta gravísima amenaza, necesitamos revisar y cambiar las Leyes para que el enemigo sea un objetivo militar bajo jurisdicción militar, debemos dar a las Fuerzas Armadas y a la policía las herramientas para continuar el excelente trabajo que ya hacen, no tenemos alternativa, el entregar al enemigo a la justicia ordinaria, es dejarlo en libertad gracias a las garantías jurisdiccionales de la constitución, y en la práctica es entregar el País a la delincuencia internacional.
Juan Orús Guerra
Cuando el silencio mata: Una reflexión urgente sobre el colapso carcelario del Ecuador
La crisis carcelaria del Ecuador, dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una herida abierta que supura violencia, abandono y una preocupante negación estatal. Mientras las autoridades insisten en que se realizan “acciones integrales” para recuperar el control penitenciario, las cifras de muertes, hacinamiento y enfermedades revelan otra verdad: la de un sistema roto, infiltrado y sin rumbo. En los últimos años, las masacres carcelarias se han convertido en episodios recurrentes que estremecen el país. Riñas internas, disputas por territorio, dominios de bandas criminales y ausencia de control efectivo han dejado centenares de fallecidos. La pregunta “¿quién le pone el cascabel al gato?” resuena en cada pabellón donde la supervivencia es una moneda diaria. El Estado, llamado constitucionalmente para garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, ha sido incapaz de frenar el deterioro institucional.
A esta violencia extrema se suma un drama silencioso: enfermedades como la tuberculosis avanzan sin freno, la alimentación es insuficiente y en muchos centros la infraestructura se encuentra colapsada. Personas procesadas por delitos menores, contravenciones, incluso ciudadanos que enfrentan apremios por pensiones alimenticias, ingresan a un sistema donde el riesgo no es solo jurídico, sino de vida. La cárcel, que debería ser un espacio de rehabilitación, se ha vuelto un terreno donde reina la incertidumbre. Desde esta tribuna del pensamiento y de la justicia, alzamos nuestra voz para anunciar que persistir en la negación oficial solo agrava las brechas humanitarias y jurídicas. Y afirmamos con claridad que, de no actuar inmediatamente, el Ecuador podría enfrentar nuevas y severas observaciones ante organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la evidente falta de garantías mínimas para las personas privadas de libertad. Por ello, hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades competentes para asumir con transparencia la magnitud del problema e implementar una política penitenciaria seria, integral y con enfoque de derechos humanos y seguridad. La sociedad exige respuestas. Las cárceles también. Cuando el silencio mata, hablar y actuar ya no es una opción: es una obligación moral, jurídica y humana.
Elio Roberto Ortega Icaza
