EDITORIAL
De los 3,2 millones de connacionales en la Unión Americana, al menos la mitad se encuentra en situación irregular y bajo la presión de otras medidas.
Hasta noviembre último se contabilizaban alrededor de 49 mil migrantes guatemaltecos retornados, de los cuales unos 41 mil han llegado deportados desde Estados Unidos. Algunos tenían pocos años de estar en aquellas latitudes, pero otros, detenidos en redadas y retenes antimigrantes, a menudo son esposos y padres, con décadas de estadía incluso. En el mejor de los casos, llegan al mismo país de siempre, pero también hay casos en los que vuelven a un lugar totalmente distinto del que salieron en busca de oportunidades de superación.
Aún faltan los datos de estos últimos días del año, pero es poco probable que se superen las cifras de años anteriores, durante la administración Biden. En el 2024 fueron 54 mil 400, y en el 2023, 55 mil. Por fortuna para los guatemaltecos —pese a los discursos y las costosas ofensivas federales— la operación de expulsiones encabezada por la secretaría de Seguridad Interior, Kristi Noem, bajo las directrices del presidente Donald Trump, los números aún no llegan a los alcances masivos prometidos.
El 2026 se avizora cada vez más complicado en lo político, debido a que vienen las elecciones de medio término, con la renovación del Congreso y un tercio del Senado de EE.UU. UU. El electorado se muestra cada vez más escéptico acerca de la efectividad y la propiedad con que se efectúan las operaciones antimigrantes, que supuestamente priorizarían la expulsión de criminales. Entre 65 mil y 70 mil migrantes detenidos carecen de antecedentes penales, según investigaciones periodísticas y fundaciones defensoras de derechos; Peor aún, la detención injustificada de ciudadanos estadounidenses, bajo sospecha de perfilación racial, es otro marro que pesa sobre la operación. A eso se suma la deportación de veteranos de guerra, que prestaron servicio militar por un país que los expulsó.
Claro, una cosa son las estadísticas y otra cada historia personal que aterriza, literalmente, en una cruda realidad guatemalteca. Las oportunidades laborales, de por sí complicadas, suelen ser mucho más cuesta arriba para los connacionales retornados. En los últimos tres gobiernos locales se ha intentado implementar programas de capacitación, certificación o reinserción de migrantes, pero su alcance no tiene la misma celeridad que las cifras, que podrían incrementarse el próximo año.
Cabe recordar que, de los 3.2 millones de connacionales en la Unión Americana, al menos la mitad se encuentra en situación irregular y bajo la presión de otras medidas, como la prohibición de registro de vehículos implementada en Texas, la limitación de trámite de licencias y la continuidad de operaciones de detención y captura. Eso hace necesario mejorar, diversificar y comunicar mejor las oportunidades para oficializar los conocimientos, habilidades y oficios aprendidos en la Unión Americana, para poder ubicar una plaza laboral o contar con mejor acceso a créditos para emprender un negocio relacionado.
En el 2025, solo 283 guatemaltecos retornados han sido certificados y únicamente la mitad cuenta ya con empleo. Identificar las causas de tan bajo registro y de tan limitadas oportunidades debería ser una prioridad para las autoridades de Gobierno. Cabe anotar que algunos de los cursos se refieren a oficios, pero no a habilidades blandas, conocimientos bilingües o tecnológicos. La disponibilidad de tiempo o la extrema necesidad de obtener un ingreso para el sustento pueden ser factores excluyentes, pero no es una excusa. En todo caso, la preparación de talento productivo y competitivo debería ser el paradigma de la educación nacional, pero hasta ahora tampoco está ocurriendo.
