La reciente liberación de una joven de 18 años en Guayaquil volvió a colocar frente al país una realidad que ya no se puede dejar de ignorar: los secuestros, incluidos los extorsivos, se han convertido en un riesgo diario en Ecuador.
La crueldad del caso —la mutilación de uno de sus dedos para presionar a la familia por un pago de 100 000 dólares— revela el nivel al que ha llegado la violencia criminal en Ecuador.
Cuando un país registra casi 3 000 secuestros en 10 meses, las autoridades necesitan poner un alto a este delito que atemoriza a los ecuatorianos.
No es un hecho aislado. Según la Fiscalía, entre enero y octubre de 2025 se registraron 2 924 casos de secuestro, una cifra que se acerca a los 3 178 de 2024, en el mismo período. El secuestro es un delito en tendencia creciente desde 2023, cuando se duplicaron los casos frente a 2022.
Guayas y Los Ríos son las provincias que más casos registran, por lo que es necesario que el Ejecutivo y las autoridades locales colaboren y trabajen para frenar este delito que parece imparable.
La amenaza es transversal. Personas de cualquier condición social están expuestas, ya sea al regresar a sus casas, al transitar por la calle o dentro de sus propios entornos familiares.
El país pasó de convivir con robos y asaltos, que ya eran motivo de preocupación, a enfrentar un delito que desgarra a las víctimas y somete a sus familias a un tormento prolongado. La presencia del crimen organizado, con métodos cada vez más violentos, erosionado la sensación de seguridad y genera un clima de miedo que se extiende por todas las ciudades.
Las autoridades mantienen operativos y acciones contra las organizaciones delincuenciales, pero la magnitud del problema muestra que no basta.
Las recomendaciones sobre cómo evitar ser secuestrado resultan insuficientes ante bandas que operan con planificación, alto nivel de violencia y capacidad para desplazarse en distintos territorios. La ciudadanía, en consecuencia, se siente desprotegida.
La muerte de la ciudadana china secuestrada en junio de 2025, por quien exigían dinero a cambio de su vida, es un recordatorio doloroso de que este delito puede terminar en tragedia. si no se actúa con rapidez y firmeza. Los casi 3 000 casos registrados este año no pueden convertirse en un número más dentro de la estadística delictiva ni en parte del paisaje cotidiano.
Tras el reciente secuestro en Guayaquil, el país espera respuestas claras. El Gobierno y todas las instituciones responsables de la seguridad deben asumir el compromiso de frenar esta escalada. La prevención, la inteligencia policial, la coordinación entre niveles del Estado y una política sostenida contra las economías ilegales son indispensables.
Ecuador no puede permitir que la barbarie avance ni que la vida de sus ciudadanos quede a merced de organizaciones que operan sin límites.
