El Gobierno apeló el fallo judicial que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes -creado bajo la gestión de Patricia Bullrich y logró que la sentencia quede, por ahora, sin efecto. El recurso fue concedido por el juzgado interviniente y será ahora la Cámara Contencioso Administrativa Federal la que deberá resolver sobre la validez de la medida impulsada por el Ministerio de Seguridad.
La apelación fue presentada por el Estado nacional a través del área de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad, que cuestionó la sentencia dictada el 29 de diciembre y pidió expresamente que el recurso tenga efecto suspensivosolicitud que fue aceptada por el magistrado de primera instancia.
Como consecuencia de esa decisión, el fallo que había declarado la nulidad del protocolo queda suspendido hasta que se expida la cámara. En términos prácticos, esto implica que El protocolo antipiquetes sigue vigente y puede ser aplicado. Mientras se tramita la apelación, siempre que el Gobierno lo considere necesario.
Protocolo antipiquetes: qué pasará de ahora en adelante con la protesta social
Fuentes judiciales confirmaron que la concesión del recurso frena automáticamente los efectos de la sentencia y mantiene el statu quo anterior al fallo. Es decir, no hay cambios inmediatos en el accionar de las fuerzas federales frente a manifestaciones y cortes de tránsito en jurisdicción federal.
El protocolo cuestionado había sido declarado nulo en el marco de una acción de amparo presentada por organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron la legalidad de la resolución del Ministerio de Seguridad por considerar que vulneraba derechos constitucionales vinculados a la protesta social.
En su apelación, el Gobierno sostuvo que la resolución no regula ni restringe el derecho a la protesta, sino que establece pautas de actuación para las fuerzas de seguridad ante la posible comisión de delitos, en particular aquellos vinculados al entorpecimiento del transporte y la circulación.
Además, el Estado planteó que el fallo de primera instancia le causa un “gravamen irreparable” y advirtió sobre las consecuencias institucionales de dejar sin efecto una herramienta que, según su argumento, busca garantizar el orden público y la libre circulación de terceros.
El escenario judicial queda ahora atado a los tiempos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Este martes es el último día hábil antes del inicio de la feria judicial de enerolo que introduce un factor clave en la definición del caso.
Si la Cámara no habilita el tratamiento del expediente durante el proceso judicial, la discusión quedará postergada hasta febrero. En ese caso, el protocolo antipiquetes continuará vigente durante todo el período de feria.
La eventual habilitación de la feria dependerá de que los jueces consideren que existe una cuestión de urgencia institucional que justifique tratar el tema sin esperar al reinicio de la actividad judicial ordinaria.
Mientras tanto, el conflicto se traslada al plano político y judicial en paralelo. Para el Gobierno, la apelación es una señal de que no está dispuesta a renunciar a una de sus principales banderas en materia de seguridad y orden público. Para los sectores que cuestionan el protocolo, la batalla judicial recién entra en una nueva etapa.
La decisión de la Cámara será determinante no solo para el futuro del protocolo antipiquetes, sino también para el alcance que los tribunales están dispuestos a reconocerle al Poder Ejecutivo en la regulación del accionar de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social.
