Con un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó este viernes la Ley de Presupuesto 2026que tuvo su sanción definitiva en una sesión especial del Senado el 26 de diciembre, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención.
La normativa, que había llegado con media sanción de Diputados y fue respaldada por la Cámara alta, prevé en su artículo 4° un resultado financiero positivo de $226.469 millones, en contraposición con ejercicios anteriores con déficit, al tiempo que proyecta gastos corrientes y de capital por unos $148.000 millones, con una marcada concentración en servicios sociales.
Para aprobarlo, La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO y otros bloques aliados, mientras que el kirchnerismo, en cambio, rechazó la sanción de una iniciativa clave para el Gobierno de Javier Milei.
Según el documento, la mayor parte del gasto se destinará a servicios socialescon $106,5 billones, seguido por deuda pública ($14,1 billones) y servicios económicos ($11,4 billones).
En paralelo, estimó en $148.295 millones el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Nacional.
El texto también establece restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, salvo excepciones para áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.
Entre las asignaciones específicas, se destinan $4,78 billones para los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, $11.290 millones al Fondo Nacional de Empleo para la atención de los programas dependientes del Ministerio de Capital Humano, y $15.843 millones al Fondo de Bosques Nativos.
En el Boletín Oficial de este viernes, también por decreto, el Gobierno promulgó la Ley de Inocencia Fiscaluna norma que, en términos formales, modifica la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario.
En resumen, la flamante normativa sube el piso a partir del cual se considera que un contribuyente está evadiendo impuestos, que había quedado desactualizado, y eleva los valores a partir de los cuales escribanos y bancos deben informar las transacciones al ente recaudador.
Por ejemplo, se aumenta de 1,5 a 100 millones de pesos el monto de evasión simple y de 15 a 1.000 millones la evasión agravada. También se incrementa a $ 100 millones los valores por los cuales se considera delito la falsificación de facturas. Y a 200 millones las deudas para quienes estén adheridos a beneficios fiscales.
La ley también habilita una especie de «perdón»: ARCA no hará una denuncia penal si se cancela la deuda y los intereses que estipula el organismo. Si ya se realizó la denuncia penal, se extinguirá la acción si se paga la deuda, los intereses y un 50% adicional.
Otro punto clave es que se reduce el plazo de prescripción de deudas impositivas de 5 a 3 años.
La norma crea el “Régimen Simplificado de Ganancias”. Podrán optar por ese sistema quienes tengan ingresos anuales inferiores a los 1.000 millones de pesos y un patrimonio menor a 10.000 millones, no clasificados como grandes contribuyentes.
