En un evento de reconocimiento de responsabilidades del Estado colombiano con el Cajar, el presidente Gustavo Petro emitió un decreto con el que se ordena la desclasificación inmediata de los archivos del DAS. Actualmente dicho material documental se encuentra en el Archivo General de la Nación.
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“Aquí está un decreto, no es hasta junio, la desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora, no es en junio”, dijo el mandatario colombiano en el evento de reconocimiento sobre afectaciones del Estado al Cajar. “Esto no es hasta junio, como hay un proceso de ordenamiento y de anomización, pero no se deben borrar los nombres de los culpables”, declaró Petro.
Aunque el mandatario comentó que la desclasificación será inmediata, al mismo tiempo advirtió que tomará tiempo en cuanto a que debe haber un proceso de anomización de datos de posibles víctimas. Sin embargo, el Presidente dejó muy claro que de ninguna manera se ocultarán los nombres de los victimarios.
La desclasificación de los archivos del DAS era un pedido de distintos sectores, sobre todos aquellos que fueron víctimas de las chuzadas del DAS, que fue la práctica de interceptaciones de comunicaciones y seguimientos ilegales por parte de la extinta entidad de inteligencia. También ha habido señalamientos de posibles vínculos entre la extinta entidad y el paramilitarismo.
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Precisamente varias de las víctimas de las conductas ilegales cometidas desde el DAS fueron los miembros del Cajar. Ahí recae la importancia del anuncio en el acto de reconocimiento del Estado colombiano.
Así fue el acto de reconocimiento
El 18 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el perfilamiento y la persecución contra los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una organización que brinda asesoría jurídica a víctimas de crímenes de Estado. Durante el evento, el presidente Gustavo Petro firmó y anunció el decreto con el que desclasifica “desde ahora” los archivos del DAS.
«Decían que nosotros pertenecíamos al comunismo internacional y que éramos sus agentes», dijo en el acto de reconocimiento Eduardo Carreño Wilches, cofundador de la organización que, un año largo después de la sentencia internacional, recibió el 'mea culpa' de la Nación.
El caso llegó a instancias del Sistema Interamericano por el hostigamiento y la vigilancia sistemática ejercida por el país, a través de sus agencias de inteligencia —entre ellas el extinto DAS—, desde la década de 1990 contra los defensores de derechos humanos y sus familias.
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En 2011, esta entidad fue desmantelada tras el escándalo de las 'chuzadas' que estalló durante el segundo gobierno de Uribe, incluso dirigidas contra magistrados de las altas Cortes y miembros de la oposición.
Con estos seguimientos ilegales, la Corte IDH concluyó que el Estado colombiano violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a la honra, a las garantías judiciales, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia.
Este fallo es el primero del tribunal internacional que determina la responsabilidad del país en los seguimientos ilegales en contra de una organización de derechos humanos y le ordena adoptar un paquete de 16 medidas de reparación integral. Una de estas exige la depuración de los archivos de inteligencia, a fin de garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la información y los datos que las involucren. Un debate que persiste hasta hoy, pues los expedientes del antiguo DAS siguen clasificados bajo reserva.
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En el acto público de reconocimiento, encabezado por el presidente Gustavo Petro, el defensor de derechos humanos y cofundador de Cajar, Rafael Barrios Mendivil, aseguró que “la mayoría de las 16 órdenes de la Corte IDH en la sentencia Colombia vs. Cajar están incumplidas”.
«La importancia de esta sentencia radica, entre otras cosas, en la subordinación del poder militar al poder civil en un Estado social de derecho. La ley de inteligencia y contrainteligencia debe adecuarse a los estándares internacionales, de manera que el control judicial se ejerza sobre las técnicas o acciones de vigilancia de personas y el almacenamiento de datos”, añadido.
El presidente Gustavo Petro fue el encargado de pedir perdón como cabeza del Estado colombiano. El primer mandatario, quien tenía que pedir perdón a nombre del Estado pero habló de una 'paradoja'. «Yo tengo que pedirles disculpas a ustedes a nombre de una serie de personas que también me hicieron víctima a mí».
Tras la intervención polémica, las víctimas del colectivo presentes en el evento le pidieron “respeto” por la causa que se estaba reivindicando. El presidente respondió que él “habla con el corazón”.
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Posteriormente, el Presidente reencausó el discurso y habló sobre la estigmatización del sindicalismo y la «normalización» de la violación de los derechos humanos. «Este es un país donde se asesinó premeditadamente a los defensores de derechos humanos (…) Los culpables del genocidio en Colombia no están pidiendo disculpas y yo no puedo decir esa mentira a nombre mío o del Estado», dijo el jefe de Estado.
Y agregó: «A nombre de ese Estado que aún no está, pido disculpas por lo que un Estado genocida hizo en Colombia», asegurando que iniciaba desde ya la desclasificación de los archivos del DAS.
#colombiaen5 Consulta del Pacto Histórico sigue firme Foto:
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política
