La reestructuración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a través de un DNU firmado por el Presidente Javier Milei en pleno receso legislativo tomó por sorpresa a todos los bloques en el Congreso, incluidos los aliados como el PROdesde donde anticiparon que analizaran punto por punto los cambios, aunque afirmaron que podrían ser “positivos”. De todas maneras, pidieron conocer en detalle el “alcance operativo”.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025una amplia reforma de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520con cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema. Como informó Ámbito este juevesen los considerandos del decreto de indicó que la reforma apunta a eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer los controles internos y mejorar la articulación entre organismosen un contexto marcado por nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas.
El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de actuar con rapidez y recurrió al mecanismo constitucional del DNU ante la imposibilidad de esperar el trámite legislativo ordinario. El argumento que acompañó el decreto fue que “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida.por lo que procede al remedio constitucional establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.122”.
El comunicado del PRO sobre el DNU de la SIDE
En ese marco, desde el PRO, uno de los pocos espacios que hasta ahora no se había pronunciado sobre el decreto, publicaron un comunicado este viernes en el que evitaron cuestionar o destacar los cambios, sino que, por el contrario, plantearon la necesidad de evaluar punto por punto las modificaciones introducidas a la normativa vigente. Para ello, anunciaron haber conformado «un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025».
«Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional», hasta tanto se conozcan mayores detalles. Por ese motivo, manifieste que la postura del bloque será «ser prudentes y guardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».
En el PRO eludieron la crítica a la herramienta utilizada – el DNU – para llevar a cabo los cambios. Por el contrario, afirmaron que «fue utilizado en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos»por lo cual «no se trata de un mecanismo inédito dentro del funcionamiento del Estado argentino».
En una conclusión preliminar, el bloque macrista afirmó que «los cambios introducidos podrían resultar positivos», pero dejó en claro que «es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función».
Cristian Ritondo Silvana Giudici
Mariano Fuchila
Respeto a la unificación de base de datos estatal que dispone el DNU, el PRO lo destacó como «uno de los puntos (…) claramente positivo». «Esta modernización era una deuda histórica: Argentina se encontró décadas atrasada en materia de interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional», argumentaron.
En defensa de la utilización de dicha información por parte de la SIDE, recalcaron que su tratamiento «no es discrecional», sino que se encuentra «estrictamente limitado y regulado» por legislaciones vigentes que protegen los datos personales de los ciudadanos argentinos. «Por ese motivo no advertimos riesgos legales en la integración de informaciónsiempre que se aplique dentro del marco normativo existente”, remarcaron.
En otro pasaje, remarcaron la necesidad de modificar la ley para adaptarla a los cambios que acaecieron a nivel global desde que fuera sancionada en el año 2001. «Han pasado 25 años desde su promulgación, y el mundo —junto con sus amenazas y desafíos— ha cambiado de forma radical. La Argentina no es ajena a esa transformación, lo que confirma la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural e integral del sistema de inteligencia nacional», señaló.
En esa línea, el bloque reafirmó su compromiso «con una inteligencia moderna, profesional, sometida a la ley»que cuente con «controles democráticos sólidos» y que esté «al servicio exclusivo de la seguridad de los argentinos». «Seguiremos analizando la normativa complementaria y los protocolos que el Poder Ejecutivo dicta en los próximos días, y una vez que contemos con esa información, expresaremos nuestra postura final con la seriedad que el tema exige», cerraron.
Polémica por los cambios en la SIDE
El Gobierno comenzó el año con una importante reestructuración en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Entre los cambios más importantes, destaca la potestad que tendrá el organismo para llevar adelante la aprehension de personas en ciertos casos específicos.
Uno de los cambios más relevantes – que ya generó fuertes críticas por parte de la oposición – es el que dispone que los agentes de inteligencia estén habilitados para realizar detenciones. La nueva potestad de la Secretaría – empoderada por el asesor presidencial, Santiago Caputo – surge a raíz de la incorporación del artículo 10.
«Los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalacionesbienes, personales, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollan las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial», detalla el inicio del artículo.
Luego, la norma explica que en el marco del desarrollo de “actividades de inteligencia, auxilio, requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia” el personal del organismo “podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
Críticas de la oposición al DNU de la SIDE
el diputado peronista Agustín Rossi enumeró sus principales críticas al DNU del Gobierno y advirtió que el texto «fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina.«.
En la misma línea, el exministro de Defensa y actual diputado Jorge Taiana Señaló que los cambios en la ley buscan darle un «marco legal a lo que ya hacen ya lo que quieren hacer» en materia de inteligencia. «La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores.«, alertó.
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro advirtió que la norma es un «retroceso intolerable y de nulidad absoluta». En primer lugar, señaló que el decreto «no tiene ni necesidad, ni urgencia» al explicar que «si el Presidente quería reformar la Ley, podía y debía haber enviado un proyecto al Congreso».
Además, remarcó que no se trata de una simple modificación sino una «reforma integral en una treintena de artículos de la ley que avanza sobre derechos y garantías constitucionales, debilita el control democrático y republicano, y concentrar poder de manera peligrosa«.
