Si en el 2023 la minería ilegal ya era la economía criminal más grande con US$4.000 millones, según el Instituto Peruano de Economía, al final del 2025 llegará a 12.000 millones.
A su vez, su poder de corrupción y su penetración en los diversos niveles de gobierno y estamentos del Estado –ya evidentes– aumentarán con estas elecciones. Además, hay múltiples evidencias de la capacidad que tienen para expandir otras dinámicas del crimen organizado.
Dicho lo anterior, la eliminación del Reinformar –que, por cierto, incluye un privilegio inconstitucional de exención de responsabilidad penal– sería solo un primer mecanismo de contención.
En este tema crucial para el futuro del país, o se está de un lado o del otro. No puede haber medias tintas.
Del lado de la ilegalidad, la corrupción y el crimen están todas las bancadas del actual Congreso que han votado en la Comisión de Energía y Minas para que se extienda por dos años más y se revise la situación de los 50.000 ya excluidos. Solo estuvo en contra de Diana Gonzales y Ruth Luque.
Del otro lado deben estar los que, eliminado el Reinformarse aboquen a soluciones realistas que permitan la legalización de lo que sea viable y una estrategia seria para atender los problemas sociales subyacentes, comenzando con un fondo con dinero y bienes recuperados de la minería ilegal.
No hay punto medio. El presidente José Jerí, que ha votado por las dos ampliaciones previas, plantea que debe ampliarse por un año en lugar de dos. Ese es un engañamuchachos para que a fines del 2026 se vuelva a ampliar, pero enfrentando un fenómeno incluso más crecido.
La situación en el Ejecutivo es aún más compleja porque, en contraste, la posición del presidente del Consejo de Ministros fue que, de aprobarse la ampliación, observarían la norma y apelarían al Tribunal Constitucional.
Hay que agregar un hecho que ha pasado desapercibido hasta ahora. La Confemin ha emitido un comunicado en el que señala que ha sido engañada por el nuevo gobierno, pues el pedido de facultades extraordinarias para legislar incluye una norma que, según ellos, inventa el “tráfico ilícito de recursos minerales de origen ilegal” y el “garantizar que el delito de minería ilegal sea abordado dentro del marco de la criminalidad organizada”. Para este poderosísimo gremio, esto sería criminalizar toda la cadena de valor de la pequeña minería, lo que considera inaceptable.
El pronunciamiento termina así: “No vamos a permitir que nos despojen de nuestro puesto de trabajo y exigiremos más que nunca la reversión de concesiones mineras, la reforma minera y la expulsión de las transnacionales mineras de todo el Perú”. Esto último es agenda solo de las izquierdas más ultras.
Estamos notificados de hacia dónde apuntan estratégicamente los mineros ilegales. Por información no nos quedamos. Veamos qué pesa más para el Congreso y el Ejecutivo.
CODA: la condena de Martín Vizcarra es un hito muy positivo en la lucha contra la impunidad de la corrupción en el poder. Se suma a las de Ollanta Humala, Alejandro Toledo y, en su momento, a la de Alberto Fujimori. Pedro Castillo se une al grupo por ahora solo por el golpe y, si hay justicia, Dina Boluarte debería seguir por ese camino. Hay otros procesos en marcha –como los de la exalcaldesa Susana Villarán y media docena de gobernadores regionales– que, ante la abrumadora evidencia, se suponen serán condenados. Sin embargo, en este Congreso lleno de investigados por corrupción, hay diversas iniciativas para mermar aún más la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público y asegurar impunidad para ellos y sus amigos.
