Los conductores de Uber y los anfitriones de Airbnb suelen considerarse propietarios de pequeñas empresas y, a menudo, no pagan el IVA (impuesto al valor añadido). Sin embargo, según los planes de la UE, esta situación puede cambiar en el futuro. Se está diseñando un nuevo sistema digital para facilitar la recaudación del IVA y luchar contra el fraude. Sin embargo, esta iniciativa aún está a unos años de convertirse en realidad.
Los estados miembros de la UE han acordado nuevas reglas para digitalizar el sistema común del IVA. Según el Consejo de los Estados miembros, estas medidas tienen como objetivo combatir la evasión fiscal, reducir la burocracia empresarial y promover la digitalización. El acuerdo se alcanzó durante una reunión de ministros de Finanzas de la UE en Bruselas.
Las nuevas regulaciones afectan particularmente a plataformas en línea como Airbnb y Uber. Muchos proveedores de servicios de alojamiento o transporte a menudo no pagan el IVA porque son pequeñas empresas o proveedores individuales, como un conductor de Uber o un propietario que alquila un apartamento en Airbnb. Esta situación da como resultado que no se recauden cantidades sustanciales de IVA, lo que puede crear una competencia desleal entre los servicios tradicionales y los ofrecidos a través de plataformas digitales.
Según las nuevas reglas, los operadores de plataformas serán responsables de la recaudación del IVA. Las plataformas ahora cobrarán el IVA directamente de los clientes y lo remitirán a las autoridades fiscales.
Para 2030 se implementará un nuevo sistema de IVA digital en tiempo real para la facturación electrónica. Para 2035, se espera que todos los sistemas nacionales existentes sean interoperables con este nuevo marco. Según el Consejo, «Esto proporcionará a los Estados miembros información rápida y completa que podrán utilizar para luchar contra el fraude».
Previamente, Se exigía a las empresas que prepararan informes resumidos de las transacciones transfronterizas mensual o trimestralmente. Esta práctica creó un vacío legal que los estafadores podrían aprovechar, dificultando que las autoridades detecten rápidamente transacciones sospechosas o fraudulentas. Además, las empresas se beneficiarán de la digitalización de estos procesos. La Comisión de la UE propuso este paquete de medidas a finales de 2022 y ahora está esperando la consideración del Parlamento de la UE.
