La situación enredada de los menores migrantes, utilizados en la refriega política, sigue sumando nudos, pese a que las entradas irregulares han descendido este año un 40%. Y es que el Tribunal Supremo ha dado un mazazo a la fórmula de acogida a los menores demandantes de asilo en España que puede suponer un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno y gasolina para el frente común de comunidades gobernadas por el Partido Popular, en guerra con el Ejecutivo por la distribución de los niños y adolescentes llegados especialmente a Canarias sin amparo familiar, aprobada hace meses por el Ejecutivo.
Hasta ahora, cuando un cayuco llega a las costas españolas, tras recibir la atención médica, los migrantes que manifiestan su intención de pedir protección internacional son divididos en dos grandes grupos: por un lado los adultos, que pasan a manos del Gobierno central —encargándose el Ministerio de Migraciones de incluirlos en su sistema de atención estatal—, y por otro, los menores no acompañados, que se convierten en tutelados por la comunidad a la que llegan —integrándose en el sistema autonómico—. Una fórmula que también se aplica cuando se produce una entrada irregular a Ceuta y Melilla.
Hasta ahora la acogida de menores no acompañados recaía sobre las comunidades
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha ratificado recientemente, en respuesta a un recurso de la Comunidad de Madrid, que cualquier menor que muestre su voluntad de pedir protección internacional, independientemente de si los sistemas de acogida están saturados o no, debe ser amparado por el Gobierno.
El pasado mes de marzo el Supremo dio la razón al Gobierno Canario, después de que este, con unos 5.500 menores extranjeros no acompañados a su carga, acudiese a los tribunales para que el Ejecutivo central acogiera a aquellos que habían pedido protección internacional. Se trataba de un millón, según los cálculos iniciales. La Sala, presidida por Carlos Lesmes, ordenó al Gobierno que los integrase en sus recursos propios en un plazo de diez días, puesto que “el hacinamiento” —con especial énfasis en este aspecto— al que se enfrentaban era incompatible con el interés superior de los menores. En líneas generales, lo que vino a decir el Alto Tribunal fue que la Administración Central, que cuenta con un sistema de protección internacional para adultos, no había puesto plazas libres a disposición de los menores y sí debía hacerlo. Por el contrario, lo que siempre ha defendido el Gobierno es que su sistema de acogida estatal fue creado exclusivamente para mayores de edad, puesto que los niños y adolescentes no acompañados siempre pasan a manos de las comunidades. Y con un sistema montado para adultos, resultaba imposible mezclar en los recursos (pisos, centros de acogida, albergues…) a mayores de edad con menores.
El Alto Tribunal falla que la Administración Central debe hacerse cargo de los niños haya hacinamiento o no
A lo largo de estos meses el Ministerio de Migraciones ha ido creando nuevas plazas en todo el territorio para cumplir con la orden del Supremo, aliviando la situación en Canarias. Según cifras a las que ha tenido acceso La Vanguardia desde la primera orden del Supremo hasta el pasado 22 de diciembre, se han completado 410 traslados a centros que el Estado tiene en la Península y 161 a otros con los que cuenta en el propio Archipiélago. Además, 99 niños y adolescentes han manifestado finalmente su intención, por cuestión de arraigo, de no ser desplazados a otras regiones, y otros 96 han recibido una resolución desfavorable de asilo. Actualmente, los menores migrantes tutelados por Canarias se han reducido hasta los 4.506, según las fuentes consultadas.
Pero cuando la situación parecía aliviada, el Gobierno de la Comunidad de Madrid vio una ranura, que puede convertirse en enorme grieta. Pese a que los menores no acompañados solicitantes de asilo que Madrid tienen a su cargo no superan el medio centenario —y en ningún caso están hacinados—, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso acudió también al Supremo para seguir los pasos de Canarias. Y la misma sala que preside Lesmes le ha dado la razón. Los magistrados, en un fallo que se conoció la semana pasada, señalan que “en esencia” el problema “es sustancialmente equivalente”. Según el Alto Tribunal, “conduciría al absurdo pretendiente que una medida cautelar dirigida a la protección del interés superior de los menores no pudiera adoptarse hasta que se constatara que se hubiera producido el hacinamiento de éstos, siendo hasta entonces privados de unos derechos que, indiscutiblemente, les reconoce la legislación nacional y europea y cuya satisfacción debe ser procurada por la Administración del Estado”.
Desde marzo se han hecho 410 traslados a centros que el Estado tiene en la Península y 161 a otros de Canarias
Este fallo permitirá al resto de comunidades subirse al carro, siempre y cuando se trate de menores que soliciten protección internacional —o hayan mostrado su intención de hacerlo—. Esto en la práctica tendrá dos efectos a corto plazo. El primero, que el Gobierno comienza desde ya, como aseguran fuentes ministeriales que está haciendo, a asumir la acogida de los nuevos menores demandantes de asilo que llegan. En la actualidad en torno al 90% de los migrantes que arriban en cayucos al archipiélago canario proceden de Mali, azotado por una crisis humanitaria sin precedentes, lo que les convierte en potenciales refugiados, como los ucranianos que huyeron a España tras el estallido de la guerra con Rusia. Y segundo, que las comunidades a las que han sido traslados previamente los menores desde Canarias acudan en cascada al Supremo a seguir los pasos de Madrid. La veda está abierta.
Mauritania tapona la ruta canaria (con mano dura)
Después de dos años pulverizando todos los registros, las entradas irregulares a Canarias han descendido en 2025 un 59,9%, a falta de conocer los datos del último balance quincenal que realiza el Ministerio del Interior. En el 2024 fueron 43.737 personas las que llegaron en 643 cayucos al archipiélago a través de la ruta canaria, la más mortífera del planeta. Este viaje lo han hecho este año 17.555 migrantes a bordo de 259 embarcaciones. Un brutal descenso que aún tiene que reposar para que se pueda hablar de una tendencia confirmada a la baja. Y es que enero es un mes proclive a la navegabilidad en la fachada atlántica para los cayucos que parten de África, en particular de las costas mauritanas.
Mauritania, regado con fondos de la Unión Europea y España, está cumpliendo con el mayor control fronterizo prometido, aunque con ello se está poniendo en tela de juicio el respeto por los derechos humanos, tal y como ha documentado la ONG Human Rights Watch que, en un informe publicado el pasado verano, denunció expulsiones al desierto, redadas por el color de piel o, incluso, torturas.
