En la noche del 22 de diciembre, la Presidencia publicó el decreto número 1390 con el cual el Gobierno de Gustavo Petro declara la emergencia económica y social en todo el territorio nacional por un período de 30 días, que sumados no podrán exceder los 90 días en el año calendario.
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Con esto, se abre la puerta a nuevos impuestos y medidas, que ya han sido criticadas por distintos sectores del país, y que buscan recaudar los 16 billones de déficit con los que viene el presupuesto del próximo año.
El documento consta de 20 páginas de extensión y las firmas de absolutamente todos los ministros que componen el gabinete del presidente. En él figuran ocho causas diferentes por las cuales el Ejecutivo decretó este estado de excepción.
El decreto fue expedido en horas de la noche después de que Benedetti anticipara la movida. Foto:presidencia
La expedición se dio a conocer alrededor de las 9 de la noche, faltando poco más de una semana para que finalice el 2025. Armando Benedetti y Germán Ávilaministros de Interior y Hacienda (respectivamente), habían anticipado la movida del Ejecutivo desde la semana pasada.
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La declaración de emergencia económica y social podría ir en contra de la Constitución Política
En medio de las críticas se había anticipado la posibilidad de que este decreto sea inconstitucionalpues la Carta Magna establece que dicho estado de excepción se declara para atender sucesos sobrevivientes y ninguno de los hechos usados como justificación son considerados como inesperados. Todos ellos, incluyendo el hundimiento de la reforma tributaria, Eran esperados por el Ejecutivo.
Congresistas y gremios le han pedido a la Corte Constitucional que frene el decreto del Gobierno Petro. De hecho, el magistrado del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, habría pensado en citar a una sesión extraordinaria con el único fin de determinar si la movida del Ejecutivo tiene justificación.
Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Foto:SERGIO ACERO YATE/EL TIEMPO
Lo que fija el documento del decreto de emergencia económica: cifras y sustentos
Con la declaración, el Ejecutivo podrá dictar decretos «con fuerza de ley destinadas exclusivamente a conjurar la crisis ya impedir la extensión de sus efectos, con materias que tengan relación directa y específica y, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes que dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal«.
El Gobierno fundamenta la expedición del decreto en «una grave e inminente perturbación del orden económico y social» debido a «coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente».
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En contexto, el documento citó cifras que contemplan el déficit fiscal que viene enfrentando el Gobierno Nacional Central (GNC), el cual ascendió a 6,7 % del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1 % del PIB para 2025.
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El Gobierno Petro también recordó que a lo largo del año ha propuesto dos proyectos de ley de financiamiento «con tributos de carácter progresivo, con el fin de pagar las obligaciones pendientes de gasto social». Ambos fueron negados en el Congreso de la República «mientras que las obligaciones son exigibles de manera inmediata».
(Descargue el documento donde podrá encontrar todo el decreto de emergencia económica y social aquí)
Decreto 1390, por el cual se decreto de emergencia económica y social en Colombia.
María Paula Rodríguez Rozo
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
