Mediante un comunicado, la coalición plural y de amplia representación social (con indígenas, campesinos, sindicatos, estudiantes, entre otros) expresó primero su profunda preocupación por el rumbo del país y por el momento crítico que atraviesa la institucionalidad.
La nación se encuentra en una encrucijada histórica en la que las decisiones que actualmente se tomen marcarán el destino político, social y democrático de las próximas décadas, aparentemente.
En este contexto, reafirmó que la reconocida honorabilidad, la imparcialidad y la independencia partidaria son principios éticos esenciales para garantizar la legitimidad del Estado y la confianza ciudadana.
Desde esta convicción, llamó a actuar con firmeza a quienes tienen en sus manos la designación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte de Constitucionalidad, de la jefatura del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas.
Les exhortó a asumir su responsabilidad ciudadana e histórica con plena conciencia del daño que provocó la politización, la captura institucional y la falta de ética pública.
Este territorio centroamericano necesita a las mejores ciudadanas y ciudadanos, con trayectorias íntegras, autonomía real y compromiso con el interés general, no con agendas partidarias ni intereses particulares, evite.
Para el caso de la definición de los magistrados del TSE, estas designaciones ocurren en un contexto de debilitamiento del sistema, de descrédito de la clase política y de creciente conflictividad social, señaló.
Sin árbitros confiables y sin instituciones sólidas, se demostró que la democracia se vacía de contenido y pierde su capacidad de contribuir al desarrollo, a la justicia social y a la mejora de las condiciones de vida de la población.
El impacto de este proceso será directo en las elecciones 2027 y 2031, mencionó el FAD.
Calificó de especial relevancia para la vida institucional de la nación, los comicios del próximo 5 de enero del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Convocó a todos y todos los agremiados a ejercer su derecho al voto ya asumir su deber ciudadano, contribuyendo con su participación activa a la defensa y fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país.
Instó a los rectores y decanos de las universidades privadas para ejercer con esta misma responsabilidad y transparencia.
Emplazó finalmente a la sociedad guatemalteca a involucrarse activamente en estos procesos, fortaleciendo su comprensión sobre los procedimientos de elección y nombramiento.
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