El Estado de Guatemala obtuvo un laudo favorable y eludió el pago del monto reclamado, comunicó la Procuraduría General de la Nación (PGN) este martes 23 de diciembre.
Según la información oficial, la PGN fue notificada (sin precisar la fecha) del fallo a favor del Estado en el arbitraje internacional promovido por Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
El Ciadi, con sede en Washington DC, lleva el registro de este caso como uno de los litigios internacionales en los que participa la PGN.
El comunicado indica que, en este proceso, los demandantes exigían a Guatemala el pago de US$499 millones. “El tribunal rechazó completamente el reclamo de los inversionistas, impidiendo ese pago millonario y, además, ordenó que el Estado de Guatemala reciba US$379 mil 940.76 como reembolso en concepto de costos procesales”, detalla la PGN.
El pronunciamiento concluye que este es un hecho histórico para el país y reafirma el compromiso de defender con eficacia los intereses del Estado.
Proyecto minero El Tambor terminó en arbitraje internacional
Según los registros del Ciadi, Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates presentaron la demanda contra la República de Guatemala bajo el caso CIADI No. ARB/18/43.
Los demandantes estaban a cargo del proyecto minero. El Tambor, ubicado en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
La operación de la mina fue suspendida en 2016 por un amparo definitivo otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, de forma provisional, por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Posteriormente, en junio del 2020, la CC emitió sentencia, confirmó la suspensión y ordenó realizar una consulta comunitaria. Luego, los inversionistas del proyecto presentaron una demanda de arbitraje internacional ante el Ciadi.
El Centro de Acción Legal y Social de Guatemala (Calas) informó en su momento que fue notificado de la sentencia de la CC en el caso conocido como La Puya. Además de suspender la licencia minera, la Corte requirió al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que determinara los datos demográficos de la población indígena afectada por el proyecto, y fijó un plazo de 12 meses para llevar a cabo la consulta estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
Según un comunicado de Calas, la CC también confirmó que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales debe ordenar a Exploraciones Mineras de Guatemala, SA —propietaria del proyecto La Puya— la presentación de una actualización del Plan de Gestión Ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental aprobado, en un plazo de 15 días.
Mineco revela arbitrajes activos por US$843 millones
El pasado 5 de diciembre, Prensa Libre publicó que el Estado de Guatemala solicitó recientemente al Ciadi la anulación del laudo que lo condena a pagar US$64.5 millones a una empresa, por el caso de dos proyectos hidroeléctricos y otros rubros.
Los montos reclamados en tres arbitrajes internacionales, presentados entre 2018 y 2021 y aún activos contra el Estado de Guatemala ante el Ciadi, ascienden a US$843 millones —unos Q6 mil 448.95 millones, según la tasación actual—.
El dato proviene de cifras dadas a conocer por el Ministerio de Economía (Mineco) durante una citación de la Comisión de Economía del Congreso, realizada el martes 2 de diciembre del 2025, en la que se mencionaron casos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
