El proceso judicial por el asesinato de Fernando Villavicencio sigue generando expectativa en Ecuador. La audiencia en la que la Fiscalía buscaba imputar a tres cabecillas de Los Lobos quedó diferida para el 28 de enero de 2026.
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El juez Giovanny Freire tomó la decisión tras asumir la causa y señalar que se trata de un expediente de elevada complejidad. Explicó que el caso involucra múltiples procesados y requiere una preparación jurisdiccional estricta, además de plena disponibilidad de su despacho.
Freire reemplaza a la jueza titular María Ayala, suspendida temporalmente por el Consejo de la Judicatura. El organismo indicó que Ayala emitió comentarios que afectaron a la fiscal del caso durante una audiencia en septiembre. Y que incurrió en actos de intimidación. Sin embargo, la sanción concluirá antes de la nueva fecha, por lo que Ayala podría retomar la dirección del proceso.
Esta es la segunda vez que se aplaza la imputación de Wilmer Chavarría, alias Pipo. Él está detenido en España en noviembre, junto con Luis Arboleda, conocido como Gordo Luis, y Ángel Aguilar, alias Lobo Menor. La primera postergación ocurrió el 12 de diciembre, cuando Arboleda rechazó la designación de un abogado público y pidió un defensor privado.
Cinco personas recibieron condenas por el asesinato de Fernando Villavicencio
La fiscal Ana Hidalgo solicitó incluir a los líderes de Los Lobos en la causa tras reunir elementos que presumen su participación en el asesinato de Villavicencio. El candidato presidencial fue atacado a tiros en agosto de 2023, a la salida de un mitin, pocos días antes de las elecciones extraordinarias.
Una vez que se formularon cargos, los tres cabecillas se unirán a otros cuatro procesados: el exministro José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta Ronny Aleaga.
Hasta ahora, cinco personas han recibido condenas como autores materiales del crimen, entre ellos Carlos Angulo, alias El Invisible, señalado como responsable de la planificación desde prisión. Ocho implicados murieron antes del juicio, incluidos los siete sicarios colombianos que participaron en el ataque.
El caso continúa como uno de los procesos judiciales más relevantes del país y mantiene la atención pública sobre la violencia criminal y su impacto político.
