La lucha anticorrupción en América Latina dejó una lección vergonzosa: cuando los mecanismos utilizados son débiles, las redes delictivas sobreviven; y cuando son eficaces, las élites reaccionan. La experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lo atestigua. Fue solicitada a Naciones Unidas por el Estado, y desmanteló estructuras criminales incrustadas en el poder político, económico y judicial, y por esa eficacia terminó siendo expulsada.
Los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso ofrecieron en campaña ese mecanismo y, una vez en el poder, se desdijeron. Si hubieran cumplido su palabra, tal vez no existieran las estructuras que atenazan el sistema de salud y al propio sistema de justicia.
Las revelaciones luego de la recaptura de alias fito Se ve lo que era un “secreto a voces”: un Estado infiltrado por la corrupción. Investigaciones periodísticas e informes de la UAFE confirman pagos a funcionarios, lavado de activos, uso de empresas fachada; y cooptación de municipios, empresas públicas, sistema penitenciario, policías y entorno judicial. Se trata de corrupción sistémica, que permite al crimen organizado hacer un gobierno paralelo, sin necesidad de controlar formalmente el poder. Por ello, la captura de un capo no reduce la violencia, ni desmantela las estructuras criminales. Solo se producen reacomodos, disputas territoriales y otras formas de cooptación.
En el contexto, tiene relevancia un hecho reciente: en Radio Centro, el procurador general del Estado respaldó la necesidad de conformar una comisión internacional similar a la Cicig, al ser consultado por el periodista Fernando Aguayo sobre esa posibilidad, debido a los débiles mecanismos propios para combatir la corrupción y la impunidad. También otro episodio de esta semana: la recomendación del presidente Noboa al titular del Consejo de la Judicatura, para que renuncie, tras las denuncias de presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, que confirma que la justicia es un terreno disputado por intereses políticos y criminales. Las grabaciones, las amenazas y la comparación legislativa no describen una anomalía aislada, sino un patrón: operadores administrativos intentando incidir en decisiones judiciales sensibles. Justamente el tipo de interferencia que una comisión internacional puede investigar y desarticular.
Una Comisión Internacional contra la Impunidad para el país –una eventual Cicie– girará el reflector hacia las estructuras que durante años operan instituciones estatales, y permitirá que se agregue un importante factor de apoyo a fiscales y jueces, que hoy sucumben a presiones, amenazas o aislamiento. Una Cicie independiente, con recursos económicos propios y expertos internacionales, que apoya indagaciones complejas, fortalece capacidades institucionales y protege los procesos de interferencias internas.
El presidente haría bien en solicitar formalmente a Naciones Unidas una Cicie. Como un gesto de decisión política de Estado. La corrupción no se enfrenta con discursos ni capturas espectaculares, sino con instituciones capaces de mirarse a sí mismas, sin miedo. (O)
