La presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, archivó una denuncia por un supuesto tráfico de influencias y cohecho contra el presidente de la República, Daniel Noboa, su esposa, Lavinia Valbonesi, y directivos de la minera Dundee Precious Metals en Ecuador (DPM Ecuador), que presentó el excandidato presidencial y activista ambiental, Yaku Pérez y ocho personas más.
La decisión se notificó por escrito a las 14:27 de este viernes, 31 de octubre de 2025.
La magistrada juzgada no se ha logrado recabar elementos necesarios que permitan presumir la existencia material del delito y la responsabilidad de las personas investigadas.
“No se ha logrado determinar la influencia de Daniel Noboa Azin, en su calidad de Presidente de la República del Ecuador, en el funcionario que en su momento concedió la licencia ambiental a la compañía DPMECUADOR SA, esto como resultado de una presunta donación realizada a la Fundación “ANA”, representada por la ciudadana Ángela Lavinia Valbonesi Acosta, por ende no se ha evidenciado una conducta penalmente relevante que suponga la lesión del bien jurídico protegido de la eficiencia de la administración pública”, dice la providencia de la jueza Camacho.
A la vez, la jueza de la CNJ declaró que la denuncia presentada por Yaku Pérez y otros defensores del agua de Azuay es temerariapues sustentó que “los denunciantes se creían facultados para someter ante el poder penal una conducta que ellos ameritaron lesiva y con relevancia penal, cuando en realidad, a partir de la investigación, el hecho investigado no constituye delito alguno”.
“Por fin, su accionar responde a una actuar imprudentealejado de una actuación de carácter malicioso, por lo que se verifica que han incurrido en un actuar negligente y apresurado, pues, de forma imprudente decidió activar el poder punitivo del Estado, esto a pesar de no tener la certeza de que la conducta desplegada por los denunciados, implicaba el cometimiento de un delito”, reza la resolución de la jueza.
La denuncia se archivó luego del pedido que hizo el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón.
Tras la decisión de Daniella Camacho, el presidente Daniel Noboa emitió una carta en la cual sostenía que “la acusación carecía de sustento legal y de cualquier prueba que la respalde”.
«La resolución judicial demuestra que la denuncia no solo fue infundada, sino que tuvo la clara intención de dañar mi honra y la de mi familia. Una vez más, queda en evidencia que la vieja política no descansa: prefieren fabricar denuncias maliciosas para intentar destruir lo que no pueden igualar en las urnas», reaccionó el mandatario.
A la vez, Noboa aseguró que se reserva el derecho de tomar las acciones legales que corresponden. En caso de que la justicia falle un favor, anticipó, los fondos serán destinados a la conservación hídrica en Azuay.
El pasado 26 de agosto, Pérez y otros ocho defensores del agua de la provincia del Azuay, presentaron una denuncia para que se investigue un presunto acto doloso de tráfico de influencias, cohecho, conflicto de intereses en concurso de infracciones conexos en la entrega de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, en Azuay, a la empresa DPM Ecuador. (I)
