Hace un mes el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de incluir a miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu y otras personas mapuche que fueron criminalizadas junto a ellos en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su financiamiento. Esto trajo como consecuencia que les cerraran y cancelaran cuentas bancarias, billeteras virtuales, las Asignaciones Universales de sus hijos y hasta una pensión por discapacidad del hijo de una de ellas. Por eso, el Gremial de Abogados y Abogadas anunció que fue presentación ante la justicia federal una denuncia contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que quedó radicada en el juzgado federal 12 que subroga el juez. Ariel Lijo. El ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona fue señalado como partícipe necesario.
«Esta tremenda persecución se inicia con la inclusión como organización terrorista de la llamada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) por la cual, se encuentra detenido en una unidad penal de máxima seguridad el lonko Facundo Jones Huala, acusado de hechos cuyos autores jamás fueron identificados y en algunos casos inexistentes», expresó La Gremial durante la conferencia de prensa realizada en la sede porteña de la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma. Y aclaró que la actual prisión de Jones Huala «se originó sólo en sus palabras en una presentación de un libro de poesía». A criterio de los letrados que representan a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, donde el 25 de noviembre de 2017 fue fusilado por la espalda Rafael «Rafita» Nahuel, la inclusión de este grupo de personas en el listado de organizaciones terroristas es un capítulo más de «una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser 'terroristas'».
La conferencia de prensa –de la cual participación los mapuche afectados junto a organizaciones como la APDH, ADUNS y el MEDH– fue convocada por La Gremial para «para poner en conocimiento de una de las más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios y que prácticamente no registra antecedentes en este período democrático». Y advirtió que la misma es «la antesala de una persecución que se dirigirá a cualquier organización, comunidad o colectivo que pueda ser un obstáculo para la política del saqueo».
En la denuncia que la abogada Laura Taffetani entregó en los tribunales federales de Retiro, reza que «la extralimitación por parte del Ministerio de Seguridad en sus competencias, sin dudas constituye un abuso de autoridad que queda claramente expuesto cuyos perjuicios son de una magnitud que todavía no se pueden dimensionar. Si bien estos actos, al tratarse de actos públicos, gozan de presunción de legitimidad, ello no exime al funcionario actuante de su responsabilidad penal por el abuso de autoridad ejercicio y el incumplimiento de sus deberes de funcionario público, que deviene de la vulneración de derechos y normas en que ha incurrido para su dictado».
Y afirma que «la confección del Listado de causas Anexas y la consecuente incorporación de algunos miembros de Comunidades Mapuche en el listado de personas terroristas, solo tiene reminiscencias comparables a la última dictadura militar, donde se incluía a militantes políticos y estudiantes a quienes luego se secuestraba, torturaba y desaparecía». De hecho, en ese listado además de Jones Huala y María Nahuel, tía de Rafita, figura Matías Santana, testigo clave del caso Santiago Maldonado. «Estas personas no están en ningún listado internacional, es una medida ilegal tomada en forma arbitraria por los ministerios de Seguridad y de Justicia», dijo Taffetani.
