Estalló en el gobierno la interna por la reforma laboral. Federico Sturzenegger impulsa su proyecto sin interactuar con Julio Cordero. El secretario de Trabajo prepara otro borrador junto al abogado empresarial Julián de Diego y ninguno de los dos consensúa con Juan Pazo, que delinea una reforma fiscal.
El gobierno tiene todo listo para avanzar con las reformas laborales y fiscales en sesión extraordinaria, salvo las reformas. La interna entre el ministro de Desregulación y el secretario de Trabajo que está bajo el ala de Sandra Pettovello podría complicarle los planos a Milei. «Va a salir un Frankenstein», confesó un funcionario que sigue de cerca los proyectos.
Hasta ahora lo único que tienen en común los bocetos de Sturzenegger y de Cordero es que ninguno apunta a las PyMEs, sino que responden a los intereses de las grandes empresas.
Sturzenegger busca insistir con las herramientas que ya exhibió en el DNU 70/23 y del DNU 340/2025. La limitación del derecho a huelga que impulsaba el funcionario fue rechazada por la Justicia con un motivo muy sencillo: con el Congreso en funcionamiento el decreto de necesidad y urgencia pierde su sentido. Pero la jueza Fullana no se metió con el fondo de la cuestión.
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A pesar del antecedente, en sus declaraciones públicas, Sturzenegger dijo que la reforma apunta a formalizar el empleo y aseguró que no busca llevar la jornada laboral a 12 horas ni quitar derechos. El ministro cuenta con el apoyo de Gerardo Martínez y de la Unión Industrial Argentina.
Julián de Diego anticipó los ejes de proyecto que prepara junto al ex Techint Julio Cordero: Salario dinámico con aumentos por productividad, flexibilización de la negociación colectiva y hacerla por empresa. También analizan la inclusión de un banco de horas dependiendo de la actividad.
La falta de interlocución no solo afecta a Cordero y Sturzenegger: el titular del ARCA también trabaja en una reforma fiscal. Sin saber qué modelo de fiscalidad buscará aplicar Pazo, podría resultar que solo las empresas se beneficien de rebajas impositivas, pero que las reformas no generen ni más ni mejor empleo.
Eso crearía un problema adicional. Si no crece el empleo y las empresas paganas menos impuestos, entonces habrá menos dinero para la seguridad social.
