La representante Katherine Miranda, Alianza Verde, denunció el posible regreso de casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como 'falsos positivos', a las filas del Ejército. Alertó sobre esta práctica en el debate por la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se adelantó en la plenaria de la Cámara.
LEA TAMBIÉN
Miranda denunció dos casos que se tratarían de esta práctica que, de acuerdo con la JEP, ha dejado más de 6.402 víctimas en Colombia. “Contemos al país cómo en el gobierno de Colombia mundial de la vida comienzan los falsos potenciales positivos”, fue la crítica del representante verde.
El primer caso a mencionarse ocurrió el 15 de diciembre del año pasado, cuando el Ejército se presentó como «un éxito una operación contra el Clan del Golfo, en Ituango, en la que murió un soldado y un combatiente. Nos presentamos que mataron a uno del Clan del Golfo en combate».
Sin embargo, Miranda aseguró que se trató de una acción violatoria del Derecho Internacional Humanitario, pues el supuesto muerto en combate se habría encontrado detenido, desarmado y con las manos atadas por hombres del Ejército que participaron de la operación.
LEA TAMBIÉN
«El 15 de diciembre de 2024 en la vereda Paquita detuvieron a un civil llamado Jhon Bayron Londoño Gutiérrez. Se movilizaba en una moto y no portaba armas. Fue golpeado, le quitaron el celular de forma irregular, le quemaron la moto y lo amarraron en las manos hacia atrás. Fue obligado bajo coacción a dar información sobre un presunto integrante armado conocido como alias 'Jonás'”, contó Miranda sobre el caso en cuestión.
De acuerdo con lo expuesto en la plenaria de la Cámara, Londoño Gutiérrez los llevó a una vivienda de la que sale 'Jonás' disparando. En el cruce de disparos asesina al soldado Ronald Stewart Jaramillo y logra huir.
Miranda contó lo que sería una ejecución extrajudicial en represalia por la muerte del uniformado. «El subteniente Manuel Felipe Sánchez ordena traer a Jhon Bayron Londoño y da la orden de 'baje a esa gonorrea'. El capturado pide que no lo maten porque les colaboraron. Le dispararon en tres oportunidades. El detenido estaba amarrado», contó la representante.
De acuerdo con lo relatado, de inmediato dieron la orden de ponerle un arma al civil asesinado y mover el cuerpo para simular un supuesto combate. Incluso habrían disparado más de 1.800 tiros y usado 10 granadas para dar más credibilidad al combate.
Sin embargo, testimonios de presentes en la escena del crimen e inconsistencias en el cadáver demostrarían que se trataría de una ejecución extrajudicial. La denuncia de Miranda se fundamenta en un proceso que lleva la justicia Penal Militar.
LEA TAMBIÉN
En dicho expediente queda registrada la imposibilidad de que Londoño pudiera disparar debido a que le pusieron el arma en la mano izquierda, en la que le faltaba el dedo pulgar. Además, el cadáver tenía señales de que fue arrastrado a la zona en la que supuestamente fue el enfrentamiento.
El proceso también se fundamenta en los testimonios de civiles que vieron la supuesta ejecución extrajudicial y de un uniformado que participó del operativo y alertó sobre las irregularidades.
Según la investigación, el caso debía pasar a la Fiscalía puesto que, si bien es cierto que se pudo probar que el asesinado hacía parte del Clan del Golfo, Londoño. “estaba desarmado, y retenido por la tropa, donde perdió la vida de manera arbitraria, desconociendo los principios fundamentales de la DICA (distinción, de proporcionalidad, necesidad militar, inmunidad de la población civil, protección de enfermos, heridos y personas puestas fuera de combate, protección de bienes civiles, protección de personal sanitario, médico o religioso y la prohibición de determinados métodos de combate y armas)”.
LEA TAMBIÉN
La Justicia Penal Militar calificó dicho hecho como una “flagrante infracción al DIH, conducta que debe ser investigada y juzgada” la jurisdicción penal ordinaria, pues no se tratan de actos del servicio.
El segundo caso
“Lo digo con toda responsabilidad política: lo que está pasando en este gobierno es absolutamente grave”, dijo la representante Miranda tras denunciar el primer caso de presuntos 'falsos positivos'. El segundo hecho denunciado será más reciente.
«El 29 de noviembre sacaron un comunicado de prensa que decía que Antonio José Daga Gómez murió. Lo hicieron pasar como disidente, pero era un campesino, líder comunitario, sin antecedentes penales dedicado a trabajos agrícolas. No portaba armas y habitantes aseguran que no hubo combate real. Lo presentado como neutralizado en enfrentamientos»expuso la representante.
En esa línea concluyó Katherine Miranda: «Los testimonios señalan lo contrario a lo dicho por el Ejército. Estos son falsos positivos. Uno puede defender mucho al gobierno del cambio pero defender el bombardeo de unos niños y unos falsos positivos. Hay que darle muchas respuestas al país». De acuerdo con el representante que busca llegar al Senado, el gobierno Petro está incurriendo en las mismas acciones que el hoy Presidente denunció cuando estuvo en el Congreso.
LEA TAMBIÉN
La respuesta del ministro de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como “inaceptable” el hecho que ocurrió en Ituango hace casi un año. “Eso está siendo investigado por la Fiscalía 22 y esperamos que se aplique toda la contundencia, eso no lo toleramos, y si es falso positivo que lo define allá la autoridad»dijo el ministro.
Sánchez, que es un general en retiro, pidió que caiga todo el peso de la ley a los responsables pues “nos han confiado las armas de la República y eso exige un comportamiento ético superior”.
Sobre el segundo caso aseguró que en los comunicados que se presentaron ante la opinión pública se aclaró que en el operativo hubo un ataque a un helicóptero black hawk de la Fuerza Pública y que fue en esa respuesta que terminó herido el civil. “Esa persona lamentablemente falleció”, indicó.
Claudia López habla de la entrega de firmas. Foto:
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política
