El pasado 14 de octubre Pedro Sánchez afirmó que el Gobierno iba a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de que finalice el año. Un compromiso para el que aseguró que “sudaría la camiseta”. Sin embargo, entrados en enero, las nuevas cuentas para 2026 parecen más lejanas que nunca y España se encuentra abocada a renovar los presupuestos actuales por tercer año consecutivo. Una circunstancia que afecta negativamente a todos los ámbitos de gobierno, también al relativo a la sanidad pública.
El último sudor frío en la aspiración del Ejecutivo de ver llegar los PGE 2026, se produjo el pasado 11 de diciembre, cuando el Congreso rechazó nuevamente aprobar la senda de déficit. La Cámara Baja —con la oposición del PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de Podemos y Compromís— votó en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda y el límite de gasto no financiero del Estado para 2026. Paso necesario para unos nuevos presupuestos.
La senda del déficit es fundamental para el Sistema Nacional de Salud (SNS)dado que establece el marco financiero necesario para determinar los recursos disponibles de políticas y programas sanitarios clave. Las directrices presupuestarias previstas incluyen un plan ambicioso de modernización tecnológica, reducción de la obsolescencia hospitalaria, digitalización de procesos y la puesta en marcha de proyectos estratégicos como el Lago de datos sanitariojunto con la dotación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP).
La falta de nuevos presupuestos mantiene al sistema sanitario limitado, obligando a abordar los retos actuales de la sanidad pública con recursos de hace tres años.
Asimismo, la propuesta de senda de déficit concedía a las comunidades autónomas un margen adicional de gasto de 5.485 millones de euros para los próximos años, destinado a reforzar la atención sanitaria en todo el territorio. Sin embargo, si los presupuestos se prorrogasen, España se vería obligada a mantener las mismas prioridades y cantidades económicas de hace tres años, limitando la capacidad del Ministerio de Sanidad para desarrollar nuevas iniciativas.
Entre las estrategias pendientes del departamento de Mónica García destacan el despliegue efectivo de la AESAP, la Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas, el Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaquismo y el Estatuto Marco —para el que las comunidades autónomas solicitan respaldo económico—, además de otras políticas centradas en modernización, ampliación de la cartera de servicios y universalidad del SNS.
Esta situación pospone la implementación de reformas y afecta directamente la capacidad de inversión en personal, infraestructuras y nuevos programas de salud pública.
Por ello, la falta de nuevos presupuestos mantiene al sistema sanitario limitado, obligando a abordar los retos actuales de la sanidad pública con recursos de hace tres años. Esta situación pospone la implementación de reformas y afecta directamente la capacidad de inversión en personal, infraestructuras y nuevos programas de salud pública de alcance nacional, todos ellos dependientes de presupuestos estables y planificados.
Pese a todo, el Gobierno mantiene intacto su optimismo. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar Lópezreiteraba este pasado 30 de diciembre que están «sudando la camiseta hasta el final» para conseguir presentar —esta vez durante el primer trimestre del nuevo año— los presupuestos ansiados. Con ello, solo queda ver si el año 2026 que arranca nos deja nuevas cuentas o solo presupuestos renovados y más camisetas por lavar.
*Los contenidos de ConSalud están elaborados por periodistas especializados en salud y evaluados por un comité de expertos de primer nivel. No obstante, recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
