En las últimas semanas, la migración ha vuelto al centro del debate público en Perú. Los movimientos en la frontera sur, los ajustes en los controles migratorios en países vecinos y los operativos internos de fiscalización han reactivado una discusión que suele intensificarse en contextos de presión económica, inseguridad y proximidad electoral. La coyuntura es sensible, pero confirma una realidad estructural: la migración ya forma parte del funcionamiento económico y social del país.
Perú se ha consolidado como el segundo país receptor de población venezolana en la región, con más de 1,5 millones de personas, cerca del 3 % de la población total (OIM, 2024). Este flujo ha tenido impactos multidimensionales. En lo político, ha tensionado marcos normativos y capacidades institucionales; en lo económico, ha combinado dinamización del consumo con altos niveles de informalidad; y en lo social, ha puesto a prueba la cohesión comunitaria y la narrativa pública.
Los datos son claros. Por cada sol invertido en atender a la población migrante y refugiada, Perú recibió 2,6 soles de retorno fiscal entre 2018 y 2022 (Banco Mundial & ACNUR, 2023). La movilidad humana, bien gestionada, no es un gasto, sino una inversión. El desafío no es la migración en sí, sino la falta de políticas que faciliten su integración productiva.
El impacto sectorial es visible en retail, gastronomía y servicios. Ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo han visto surgir clústeres comerciales —como “La Pequeña Caracas”— que diversifican la oferta, generan empleo y reactivan economías locales. Según el Banco Mundial y ACNUR, el 70% de la población venezolana en Perú está en edad laboral y presenta niveles educativos promedio superiores a los de la población local. Se trata de un capital humano relevante que sigue subutilizado.
De estas experiencias emergen lecciones claras. La movilidad es un activo económico cuando los migrantes acceden a herramientas financieras, formativas y regulatorias. La diversidad impulsa la innovación comercial en mercados saturados. La integración requiere gobernanza compartida entre Estado, empresas, banca y gremios. Y la reputación se construye desde la empatía: las marcas que promueven la convivencia y la diversidad ganan legitimidad en sociedades polarizadas.
A medida que el país se acerque a las Elecciones Generales 2026, será clave para evitar que la migración se convierta en un atajo discursivo. Gestionarla con evidencia, enfoque económico y coordinación público-privada no solo reduce las tensiones sociales, sino que fortalece la confianza institucional y el crecimiento sostenible.
