El Gobierno ultima los detalles de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que permitirá a las comunidades de vecinos vetar los pisos turísticos y frenar su expansión por todo el país. Uno de los principales cambios propuestos es que los nuevos alojamientos turísticos requerirán la aprobación expresa de la comunidad de vecinos. Este permiso solo se podrá obtener con la autorización de las tres quintas partes de los propietarios.
La normativa vigente establece que las comunidades de vecinos sólo pueden prohibir que un piso turístico siga funcionando en su finca cuando ello cause molestias al resto de inquilinos. Con una mayoría de tres quintos, la autorización podría ser revocada. La enmienda impulsada por el Gobierno busca garantizar que se obtenga la autorización de los vecinos antes de instalar los apartamentos turísticos, manteniendo la mayoría de tres quintos.
El Gobierno insiste en la necesidad de que la Ley de Propiedad Horizontal reconozca los pisos turísticos como una actividad económica legítima, lo que implica que estarán sujetos a los mismos criterios fiscales, incluida la aplicación del IVA. El Gobierno también quiere exigir la autorización de los vecinos, que tienen una mayoría de tres quintos, para instalar estos pisos, lo que introducirá una cierta racionalidad en el auge de este tipo de alojamientos.
La modificación de la Ley del Servicio Público de Justicia, registrada por el PSOE y que se aprobará próximamente, implementará este cambio y afectará a la Ley de Propiedad Horizontal. Es importante señalar que esta modificación no tendrá efectos retroactivos y no afectará a los pisos turísticos que ya estén en funcionamiento en caso de aprobarse. Cualquier inmueble que opere sin la correspondiente licencia o registro deberá cesar su actividad.
Uno de los argumentos jurídicos que utiliza el Gobierno para restringir este tipo de alojamientos en zonas residenciales se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En concreto, se han citado dos sentencias dictadas por el tribunal a finales de 2023 sobre barrios de Oviedo y San Sebastián, que concluían que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica. Las sentencias daban la razón a las comunidades de propietarios que pretendían frenar la actividad de alquiler turístico en pisos múltiples.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha calificado de «ajuste quirúrgico» la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, y ha pedido la participación de todas las administraciones públicas para garantizar el derecho de acceso a la vivienda. Rodríguez ha insistido en reiteradas ocasiones en que el crecimiento descontrolado del alquiler turístico está reduciendo la oferta de alquileres tradicionales, lo que provoca el alejamiento de residentes y trabajadores de los núcleos urbanos.
En un comunicado, Airbnb defendió que la actividad de sus usuarios y el dinero que gastan los clientes en los destinos están impulsando la economía en España y ayudando a mantener 130.000 puestos de trabajo. La compañía asegura que el impacto económico directo, indirecto e inducido de sus viajes en 2023 fue de 8.500 millones de euros, aportando 3.600 millones de euros a las arcas públicas.
“La actividad de compartir una vivienda, una casa de vacaciones, una casa familiar en el pueblo o una propiedad en alquiler de corta duración genera un beneficio neto positivo para las comunidades locales en España”, señala la compañía, que destaca el impacto de su negocio en la hostelería. Además, muchas de sus propiedades están ubicadas en zonas sin oferta de alojamiento tradicional, por lo que los ingresos van directamente a los residentes de esas localidades.
