Representantes de distintos sectores participaron en el foro Propiedad y desarrollo: Guatemala hacia un país de propietarios, organizado por el Observatorio de Derechos a la Propiedad, y en el cual se formularon propuestas que deben tomarse en cuenta a futuro.
En la actividad intervinieron representantes de diversas cámaras empresariales, autoridades de la Corte de Constitucionalidad y diputados del Congreso de la República, quienes participaron en el panel “La certeza en la propiedad y los activos como eje de crecimiento y competitividad”.
La conferencia principal fue dictada por Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia, economista y político peruano, autor del libro. El misterio de la capitalquien expuso sobre “Propiedad y desarrollo: Guatemala hacia un país de propietarios”.
También se presentaron los resultados del Índice Internacional de Protección a la Propiedad y la posición de Guatemala en 2025.
Sin certeza jurídica no hay inversión
Juan José Porras, vicepresidente de la junta directiva del Observatorio de Derechos de la Propiedad, afirmó que, como conclusión del foro, se destacaron tres recomendaciones clave.
La primera está enfocada en fortalecer la medición y el monitoreo permanente del Estado de Derecho de Propiedad en Guatemala, mediante la generación de datos, indicadores y estudios que sirven de base para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.
La segunda consiste en impulsar una cultura nacional de respeto a la propiedad privada, que reconozca su valor moral, jurídico y económico como fundamento del desarrollo y la libertad. “La certeza sobre lo que es propio no divide, sino que une, protege y libera”, expresó.
La tercera, añadió, es promover y concretar reformas institucionales y normativas que garanticen la aplicación efectiva de la ley, fortalezcan la ejecución judicial, reduzcan la discrecionalidad y eliminen ambigüedades que generan inseguridad jurídica.
Porras advirtió que, sin certeza en la propiedad privada, no se atraerá inversión ni se establecerán negocios en Guatemala, debido a la falta de seguridad jurídica.
Señala debilidad institucional en derecho de propiedad
En esos términos coincidió Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), al explicar que el derecho de propiedad no solo es un derecho humano reconocido por el derecho internacional, sino que también forma parte de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Ejemplificó que dicho derecho permite a las personas acceder al crédito y a los medios de producción para generar capital, lo cual favorece el bienestar a través de la inversión y la creación de fuentes de trabajo, y así contribuye al crecimiento de la economía.
Recordó que Guatemala ocupa el puesto 88 de 126 países evaluados por el Índice Internacional de Protección a la Propiedad, por lo que existen varios retos. A pesar de que hay leyes que protegen este derecho, no se cumplen, y las instituciones encargadas de aplicarlas no están funcionando de manera adecuada ni eficiente.
Piden validar leyes que no vulneren la propiedad
Al igual que Porras, la directora ejecutiva de Camagro resaltó que entre las propuestas claves desarrolladas durante el foro figura el cumplimiento estricto de la ley. Por ello, se exige que las instituciones hagan cumplir la normativa y que los ciudadanos respeten la legalidad, lo cual incluye el respeto al derecho de propiedad.
En el ámbito legislativo, se planteó que todas las leyes que se aprueban deben ser validadas para evitar que contravengan el derecho de propiedad o la Constitución Política de la República de Guatemala. Para ello, se puede recurrir al mecanismo de opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad.
«Fortalecer la medición y el monitoreo permanente del Estado de Derecho de Propiedad en Guatemala, mediante la generación de datos, indicadores y estudios que sirvan de base para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas»
Caballeros también señaló que los jueces deben aplicar la ley y resolver con prontitud, justicia y apego al derecho, de manera técnica y sin responder a intereses ideológicos, como —dijo— se ha observado en algunos casos. “El cumplimiento estricto de la ley es lo primero”, afirmó.
Agrega que es necesario promover y difundir el valor del respeto al derecho de propiedad, entendido como algo intrínseco a la persona humana, y no como un asunto de clases sociales. Por ello, se debe reconocer y respetar el valor legal de este derecho desde la formación en la niñez hasta la educación universitaria.
También destacó la necesidad de impulsar reformas institucionales que garanticen la aplicación efectiva de la ley, para que los casos que lleguen al sistema judicial puedan resolverse de forma ágil y oportuna.
Para Lorenzo Montanari, director ejecutivo de Property Rights Alliance —organización que elabora el índice para Guatemala—, se evalúan el entorno legal y político, así como la propiedad física e intelectual, por lo que el país muestra niveles promedio bajos.
