Esta semana, vimos una imagen que gráfica la decadencia del actual período parlamentario: la congresista Lucinda Vásquez sentada en su despacho con la pierna estirada para que su asesor le corte las uñas de los pies. La fotografía revelada por “Cuarto poder” es un llamado de atención más a los partidos políticos que vienen acumulando un descrédito propio de las acciones de sus representantes en el Parlamento.
Lo más preocupante sigue siendo la pasividad del Congreso respecto a las sanciones de los infractores. La Comisión de Ética Parlamentaria ha decidido esperar hasta su próxima sesión ordinaria para tomar acciones, pese a que han reconocido públicamente –a través de X– que es un tema de “evidente interés público”.
La imagen revelada es tan clara que el caso no necesita revisarse en la Comisión de Ética. La falta es tan indiscutible que el Legislativo podría convocar una sesión plenaria para adoptar una sanción inmediata y ejemplar contra Lucinda Vásquez, tal y como sucedió con su colega izquierdista Pasión Dávila –aunque ahora integran distintas bancadas, ambos fueron elegidos por Perú Libre en el 2021–, quien en el 2022 fue suspendido por 120 días por agredir al parlamentario Juan Burgos. Aquella sanción se vio directamente en el pleno.
Se ha vuelto una táctica, especialmente en la Comisión de Ética, el tratar de alargar y demorar las denuncias con el fin de buscar que los casos pierdan efecto, y así salvar a los acusados, ya sea archivando la denuncia en la propia comisión o imponiéndoles sanciones mínimas. En esta última línea, se ha vuelto común que se termine proponiendo una reducción de días de suspensión, o cambiar las suspensiones por algunos días de descuento del salario, u optar simplemente por una amonestación pública.
El mayor ejemplo de estas demoras en la potestad sancionadora del propio Congreso también se puede visibilizar en los tres casos pendientes de resolverse en el pleno. La Comisión de Ética aprobó informes que recomiendan la suspensión de María Agüero (Perú Libre), Darwin Espinoza (Podemos) y Raúl Doroteo (no agrupado), pero estos casos nunca se priorizaron y esperan desde la legislatura pasada. Dos casos provienen de denuncias por recortes de sueldos a trabajadores, escándalo conocido como mochasueldos.
Lo peor de este escenario es que existe un hilo conductor: la denigración del personal parlamentario. El poco respeto de los legisladores es cada vez más notorio, además de la visión errada que tienen para considerarlos para labores ajenas al Parlamento: les quitan sus sueldos, los agarran de choferes y ahora vemos cómo les piden que les hagan la pedicure.
Al final, la mayor denigración es hacia la institución. Y lo peor es que viene de sus propios representantes.
