En medio del escándalo por la presunta infiltración de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentescomandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá —actualmente en proceso de paz con el Gobierno— en altas esferas militares y de inteligencia, el presidente Gustavo Petro aseguró que esas versiones son falsas.
El presidente Gustavo Petro afirmó que lo que se buscaría, supuestamente, es “purgar” a las personas que lo han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos. El mandatario aseveró que dentro de ese proceso se detectó la entrega de permisos a criminales para crear compañías de seguridad.
El presidente Petro a su llegada al encuentro. Foto:cortesia
«Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso«, apuntó.
En contraste, la investigación de Caracol señala que uno de los funcionarios defendidos por el presidente Petro, general del Ejército Juan Miguel Huertashoy jefe del Comando de Personal, habría propuesto a delegados de Calarcá en reuniones en Bogotá crear una empresa de seguridad como fachada, una operación similar a la que en los años noventa usaron estructuras paramilitares para operar legalmente.
El general del Ejército Juan Miguel Huertas. Foto:archivo particular
Según Petro, ese negocio fue suspendido en su Gobierno y, por esa razón, se produjo una reacción. «Son millas de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del estado para el paramilitarismo.. En el gobierno de Duque la entrega de permisos legales a criminales fue masiva. El negocio se intentó perpetuar pero lo detuve».
Y agregó: «Todas las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial.. Los lazos entre oficiales del Ejército y la Policía deben cortarse de inmediato, la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información. Que coincidencia que ahora denuncian a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la Fuerza Pública».
De acuerdo con la investigación periodística, las disidencias de Calarcá, que entre el 17 y el 20 de noviembre llevaron a cabo el séptimo ciclo de diálogos con el Gobierno en San Vicente del Caguán (Caquetá), habrían usado sus nexos con altos funcionarios (además de Huertas, se menciona a Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia) para anticipar movimientos de la Fuerza Pública.
Alejandro Díaz Mendoza, alias Calarcá. Foto:archivo particular
El caso estalló a partir de un episodio ocurrido el 23 de julio de 2024, cuando una caravana con siete jefes de disidencias —custodiada por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP)— fue detenida en un retén militar en Añorí, Antioquia. Llevaban armas, dinero y un menor de edad, lo que configuraba flagrancia.
Celulares, computadoras y memorias usb de las disidencias quedaron en poder de la Fiscalía y algunos de los contenidos guardados en estos equipos fueron revelados por Noticias Caracol. El ente conoce estas evidencias desde hace más de un año, pero no ha avanzado en ninguna investigación, según reveló el informe.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que dio instrucciones para iniciar un proceso interno que permita esclarecer los hechos revelados en el reportaje. “Ordené adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Mindefensa y de la Fuerza Pública”, al tiempo que enfatizó que la Fiscalía contará con toda la información que requiera para avanzar en la indagación que ya está en curso.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
