El secretario de asuntos económicos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), francisco torresafirmó que, gracias a los avances institucionales y mejoras en indicadores internacionales, la República Dominicana ha pasado de estar rezagada en la región a ser un referente de transparencia y competitividad.
A través de una nota de prensa, Torres resaltó las mejoras en las calificaciones crediticias otorgadas por agencias como Standard & Poor´sy Moody´s, así como la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
También citó avances en índices internacionales clave, como el Índice de presupuesto abierto (OBI), el Índice de Efectividad del Gobierno del Banco Mundial, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y el Índice de Libertad Económica de la Fundación Patrimonio.
El economista señaló que, en administraciones anteriores, las instituciones del estado fueron «secuestradas por intereses partidarios», lo que provocó un deterioro en la confianza pública y en la justicia. En contraste, destacó que el actual gobierno ha impulsado la independencia del Ministerio Público y el fortalecimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
«Hoy contamos con un Ministerio Público Independienteque ha sido apoderado de posibles irregularidades detectadas en instituciones como el Senasay que actúa con la colaboración del Poder Ejecutivo para garantizar justicia al pueblo dominicano», sostuvo Torres.
«Fortalecimiento institucional»
Asimismo, indicó que un alto porcentaje de entidades publicas cumplen con los estándares del índice nacional de transparencia, reflejando un fortalecimiento sostenido de las instituciones públicas en los últimos cinco años.
En su artículo «Cinco años Delaware fortalecimiento institucional«, Torres señaló que la administración actual ha sentado las bases para «instituciones inclusivas» que distribuyen equitativamente el poder político y económico, promueven la inversión y garantizan el respeto a los derechos ciudadanos.
Aseguró que la institucionalidad «no es un concepto abstracto», sino una herramienta concreta que ha permitido al Gobierno cumplir su compromiso de elevar la calidad de vida y fomentar el desarrollo económico y sociales del país.
