«Mi familia fue víctima del mal accionar de la Justicia. Sé lo que es una Justicia que no funciona». Aldo Alurralde es juez federal en Reconquistaen el norte de Santa Fé. En 2019, cuando llevaba diez años en el cargo, sufrió una pérdida irreparable. Su hermana fue asesinada por la pareja, pero sostiene que la Justicia podría haberlo evitado. En 1988 el asesino ya había hecho desaparecer a su pareja, pero la Justicia no lo investigó y volvió a matar.
Alurralde, de 59 años, no solo conduce el juzgado federal de Reconquista. También subroga los dos juzgados federales de la capital santafesina. Y ahora fue propuesto por el gobernador Maximiliano Pullaro para integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Sus fallos han sido celebrados por todo el arco político. El gobernador Pullaro aplaudió cuando este año el juez intimó al gobierno de Javier Milei a retomar la obra pública en la Ruta Nacional 11. Patricia Bullrichhace unos meses, lo elogió como ministra de Seguridad: «Estoy acá por el ejemplo de una justicia, de un juez que le muestra a las fuerzas de seguridad que no se amedrenta, ni tiene miedo. Este ejemplo queremos que se esparza por todo nuestro país».
A su vez, un sElector del peronismo destacó que el mismo juez procesó a 14 directivos y exdirectivos de la empresa Vicentín.por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Aunque este año tuvo que sobreseerlos porque se acogieron al blanqueo de Milei.
Este año, Alurralde. intimó a Vialidad Nacional a terminar «de inmediato» la reparación de 266 kilómetros de la Ruta 11, donde pareció que la circulación «es peligrosa».
El martes de esta semana, un día antes de hacerlo público, el gobernador citó al juez federal y le dijo que lo quería proponer para integrar la Corte desde 2026. El máximo tribunal provincial tiene siete integrantes, pero hay tres miembros que se retirarán en septiembre y noviembre del año que viene.
«Me pregunté porque no lo tenía como una posibilidad. Soy una persona de diálogo», le dijo Alurralde a Clarín.
Ante la consulta sobre si se considera como «mano dura», reflexionó: «No soy mano dura, soy mano justa y tengo en cuenta a las víctimas. Mi familia fue víctima del mal accionar de la Justicia. Sé lo que es una Justicia que no funciona».
Hace instantes firmé un decreto con los nombres de los tres candidatos propuestos para renovar la Corte Suprema de la Invencible Provincia de Santa Fe. De esta manera, en cumplimiento de la ley y los preceptos que impone la Constitución, se inicia la última etapa de un proceso… pic.twitter.com/fc5vIsh9Ss
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) 17 de diciembre de 2025
En octubre de 2019, su hermana, Ana María Alurralde (59) fue encontrada en un zanjón de la zona descampada de General Paz y Las Mandarinas, en Monte Vera, a doce kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Su pareja, Santiago Daniel Fernández, denunció su desaparición pero quedó detenido.
El juez viajó para seguir de cerca la investigación, que terminó con Fernández en prisión perpetua. «En marzo de 1988, este mismo hombre denunció la desaparición de su pareja, la profesora de educación física Marta Isabel Romero. No se lo investigó y la Justicia lo dejó libre», sostiene Alurralde, que podría ser juez de la Corte Suprema santafesina desde el año que viene.
En 2009, el mismo año en el que fue nombrado juez federal, Alurralde volcó su experiencia como ex empleado de AFIP en el libro. «El agente fiscal encubierto y la sanción de clausura tributaria»con prólogo de Horacio Rosattihoy presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En estos días, los antecedentes de los candidatos quedan expuestos a la consideración pública. Después, se abre el plazo para adhesiones o cuestionamientos y para entrarán en la Legislatura en enero. Desde el 15 de febrero arranca el período de sesiones ordinarias y empezarán a correr los 45 días para el tratamiento de los tres pliegos.
Además de Alurralde, Pullaro también postuló a Jorgelina Mabel Genghiniouna abogada que inscrita en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y jueza municipal de Faltas en Rosario.
Entre 2016 y 2019, estuvo a cargo de la Oficina Legal y Técnica Rosario del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.
Mientras que el otro postulante es Diego Maciel, un abogado dedicado al Derecho Civil y Comercial, que representó a particulares, empresas, asociaciones civiles y comunas.
Fue asesor del bloque del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) en la Cámara de Diputados entre 2007 y 2011. Al término de ese cargo, asumió como subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación Social del Ministerio de la Producción de Santa Fe.
También ejerció como secretario del bloque del oficialista en el Senado y secretario administrativo del Senado provincial.
