La decisión de incluir a personas condenadas por corrupción en listas de rebaja de pena ha reavivado el debate sobre la legitimidad del sistema de justicia y el mensaje que el Estado transmite a la ciudadanía. A ello se suma el notorio silencio del Ejecutivo, interpretado por distintos sectores como una señal de complacencia.
Aparte de un mensaje emitido por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en el que justificó la medida y sostuvo que todas las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos, ninguna otra autoridad del Ejecutivo se ha pronunciado públicamente sobre el tema.
De forma paralela, ha circulado una imagen de Montalvo junto al exministro Guillermo Ferrufino y su esposa, Milena Edith Vallarino Morales, esta última incluida en la lista de personas que podrían recibir una rebaja de pena.
La fotografía data de 2016, cuando un tribunal ordenó la liberación del exministro tras sustituir la medida de detención preventiva por la de “país por cárcel” —prohibición de salida del país—, luego de que permaneciera detenido durante un año y ocho meses por un caso de presunto enriquecimiento injustificado.
Pérdida de credibilidad
En la actualidad, Vallarino Morales de Ferrufino, al igual que su esposo, cumple una condena de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado. Ambos fracasaron en justificar movimientos bancarios irregulares, la adquisición de múltiples bienes, el pago de deudas, la apertura de sociedades y la acumulación de fondos en diversas cuentas bancarias.
Sobre este tema, analistas políticos, exmagistrados y diputados de distintas bancadas coinciden en que este tipo de medidas no puede analizarse únicamente desde el marco legal, sino también a partir de su impacto ético, político y social.
El analista político José Eugenio Stoute cuestionó con dureza la inclusión de personas condenadas por delitos contra el erario público en estos beneficios. A su juicio, los poderes públicos deben actuar con coherencia para preservar su credibilidad. “Los poderes e instituciones del Estado requieren ejemplaridad en todos sus actos y decisiones para así conquistar legitimidad”, afirmó.
Stoute calificó como inadmisible que personas que causaron un daño colectivo accedieron a rebajas de pena, especialmente cuando evadieron la justicia durante años. «Resulta inconcebible incluir en la lista de rebaja de pena a delincuentes que estafaron al conjunto de la sociedad y permanecieron huidos para evitar ser alcanzados por el brazo de la justicia. Hay que tener un mínimo de coherencia», subrayó.
Las desigualdades
Desde la Asamblea Nacional, la diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, sostuvo que el debate va más allá de la distinción jurídica entre indulto y rebaja de pena. “Más allá de la discusión técnica, lo que preocupa es el mensaje que se envía al país”, señaló, al anunciar que estas decisiones erosionan la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Prado puso el foco en las desigualdades dentro del sistema penitenciario. Recordó que existen cientos de mujeres privadas de libertad desde hace años, en condiciones difíciles, cuyos casos no reciben la misma atención. “Es legítimo cuestionar por qué se prioriza a personas con poco tiempo de detención, especialmente cuando existen vínculos con casos de corrupción que han causado un enorme daño al país”, afirmó.
Para la diputada, el combate a la corrupción exige consecuencias claras. «La corrupción debe tener consecuencias reales y ejemplares. La justicia no puede percibirse como selectiva ni sensible a apellidos o conexiones», agregó, en referencia a la percepción de privilegios para determinados sectores.
Visión judicial
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, abordó el tema desde una perspectiva constitucional. Explicó que la actual Carta Magna permite a la facultad presidencial de otorgar rebajas de pena, pero demostró que ese modelo debe ser revisado.
Molino Mola sostuvo que la rebaja de penas debería ser una atribución exclusiva del Órgano Judicial, sustentada en criterios técnicos y no políticos. “Debe existir una comisión formada por miembros del Órgano Judicial, el Ministerio Público y el sistema penitenciario que establezca los casos en los que se puede otorgar la rebaja de pena”, propuso.
Por su parte, el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, fue aún más crítico y denunció lo que considera una práctica estructural de desigualdad. «En este país la justicia no solo es desigual: está secuestrada por el doble discurso. Para unos, todo el peso de la ley; para otros, la impunidad garantizada», afirmó.
Zúñiga rechazó que se trate de fallas aisladas del sistema y habló de un patrón sostenido. «No es un error del sistema; es una práctica deliberada. Gobernar y administrar justicia exige ejemplaridad, no complicidad», dijo, antes de concluir que mientras existan «intocables», el país seguirá observando con indignación cómo la corrupción se protege en lugar de castigarse.
Para el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, la decisión de conceder rebajas de pena a personas condenadas por corrupción plantea un serio problema de coherencia institucional.
A su juicio, este tipo de medidas debilita la credibilidad del Estado y erosiona la separación de poderes. “¿Qué autoridad moral va a tener el Ejecutivo para censurar al Legislativo o al Judicial?”, cuestionó, al anunciar que las señales que se envían desde el poder político tienen un impacto directo en la confianza ciudadana.
