Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal este miércoles 31 de diciembre la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que el gobierno de Donald Trump ordenó para más de 60 mil migrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal.
La jueza Trina Thompson, del estado de California, consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, revocó ese beneficio migratorio de manera «predestinada» y sin cumplir con el procedimiento establecido por la ley.
Thompson, quien restituyó el TPS para las nacionalidades afectadas, rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar el caso y explicó que Noem incumplió la práctica habitual del DHS al reducir a 60 días el período de transición tras la cancelación del beneficio.
La jueza concluyó “que la terminación del TPS para Nepal el 6 de junio del 2025 y la de Honduras y Nicaragua el 7 de julio del 2025 fueron ilegales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, en inglés)” y anuló la orden firmada por Noem, según el fallo judicial.
Los migrantes amparados por el TPS habían demandado al DHS, al considerar que la decisión obedecía a motivos de “animosidad racial”.
Varias organizaciones que representan a los beneficiarios del TPS celebran el fallo, aunque lamentaron que la eliminación del beneficio haya perjudicado a muchas personas que llevan décadas viviendo en Estados Unidos.
“La decisión judicial de hoy restaura las protecciones del TPS para millas” de migrantes y “los extranjeros están legalmente obligados a cumplir con sus documentos de autorización de trabajo”, indicó Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en un comunicado.
El TPS es un beneficio migratorio que el DHS puede otorgar a ciudadanos de países que enfrentan situaciones de emergencia —como desastres naturales o conflictos armados— que impiden su retorno seguro.
